“Graves deficiencias” en servicios de salud de San Andrés

19 de septiembre del 2019

Esto fue lo que encontró la Contraloría General.

“Graves deficiencias” en servicios de salud de San Andrés

Foto: Google Maps

La Contraloría General halló un daño fiscal por $1.767 millones por el incumplimiento de inversiones en infraestructura hospitalaria. Es el hallazgo más importante reportado por la institución, en medio de una Actuación Especial de Fiscalización en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

El ente de control calificó como “graves” las deficiencias encontradas en la prestación de servicios de salud en esos territorios. Dijo que esas irregularidades corresponden al mal uso del 80% de los recursos de la ejecución de un contrato para el mantenimiento correctivo y preventivo de los centros médicos.

El contrato fue celebrado entre el departamento y la IPS Universitaria.

El contralor general, Carlos Felipe Córdoba, autorizó la actuación a raíz de un control solicitado por una veeduría. En esta se incluyeron 12 hospitales, entre ellos, el de San Andrés.

Las autoridades encontraron que el departamento no se ha cumplido de manera oportuna con la obligación de invertir en “infraestructura, equipos de imagenología, neurocirugía, cirugía, odontología, central de esterilización, urología y oftalmología”.

Aseguran que se encuentran en total abandono.

“La ambulancia no funciona, equipos biomédicos y de cómputo, muebles, camillas y demás enseres están abandonados en el sótano del hospital de San Andrés, con el riesgo de dañarse”, afirmó la Contraloría.

Se cobraron actividades no realizadas

Al hacer la revisión del contrato, el ente regulador determinó que de los $2.205 millones que debía destinar la IPS Universitaria en el departamento, “solo ha invertido $437 millones” en contraprestación al mantenimiento correctivo y preventivo.

Resaltó que esto es lo que genera el daño fiscal de los $1.767 millones.

Además, señaló que de los $105 millones que la IPS debía invertir mensualmente, “el 80% se utilizó de forma irregular”.

Según la Contraloría, la entidad quería cobrar actividades que no se habían realizado, con el fin de generar gastos superiores y “decir que estaban completando ese rubro de los $105 millones, para descontarlos, no siendo cierto”.

Otras anomalías

El ente de control evidenció que la Superintendencia Nacional de Salud ha impuesto multas al departamento por valores cercanos a los $100 millones. Indicó que hasta la fecha, solo ha sido pagada una por $7 millones. 

En el caso de Providencia y Santa Catalina, evidenciaron que no existe habilitación para la prestación de algunos servicios, “especialmente urgencias y en los habilitados tenían problemas”.

La Contraloría manifestó su preocupación por la gestión en los servicios de salud en el Archipiélago. Mencionó que desde el momento de la suscripción del contrato con la IPS Universitaria, “el departamento no cuenta con un el Modelo Integral de Atención en Salud -MIAS- que obedezca a las necesidades del territorio”. 

“Los hallazgos administrativos detectados ponen en riesgo la salud de los habitantes de esta zona del país”, dijo Julio César Cárdenas, contralor delegado para el sector social.

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