Los asesinatos que tienen en alerta a las Farc

27 de abril del 2017

La guerrilla pide al Gobierno seguridad para los milicianos y sus familiares.

Timochenko

El asesinato de tres miembros de una misma familia que ocurrió el pasado 24 de abril en el municipio de Tarazá, ubicado en el Bajo Cauca antioqueño, es el último sobre el que se han manifestado las Farc, por tener alguna relación con sus integrantes.

El hecho, en el que murieron Alberto Osorio, de 33 años de edad, Kelly Henao, de 20 años y una menor de 14 años, que tiene consternados a los habitantes de esa localidad, es investigado por las autoridades.

La primera hipótesis, según el comando de la Policía Antioquia, es que podría estar relacionado con una retaliación por el tráfico de estupefacientes.

Sin embargo, en un comunicado de las Farc que conoció kienyke.com, los integrantes de la zona veredal transitoria de normalización Juan Carlos Castañeda, ubicada en la vereda Carrizal del municipio de Remedios, aseguran que los asesinatos fueron perpetrados por integrantes del Clan del Golfo.

“El 24 de abril, a las 8:30 de la noche, en el barrio El Paraíso del municipio de Tarazá, Antioquia, cerca de cuatro paramilitares del Clan del Golfo que portaban armas cortas asesinaron a los familiares de nuestros camaradas Wilson Adrián Tapias Rojas y Guillermo León Osorio”, describe el documento.

Según la dirección de esta zona veredal, “mientras ejecutaban los homicidios, los paramilitares afirmaron que lo hacían para cobrar cuentas pendientes con los camaradas que se encuentran en la ZVTN Juan Carlos Castañeda”.

Además de este caso, el Estado Mayor de las FARC-EP también denunció que “en las últimas semanas han sido secuestrados, torturados y degollados por grupos paramilitares que operan en el Choco Dalmiro Cárdenas y Anselmo Cárdenas, hermanos del guerrillero de las Farc Robinson Victorio, recluido en la Cárcel de Chiquinquirá”.

La petición del grupo guerrillero es que el Gobierno Nacional “garantice el derecho a la vida y a la seguridad de todos los familiares de los miembros de la organización” y “poner en marcha de manera urgente los mecanismos de garantías, protección y seguridad dispuestos en el Acuerdo Final de Paz”.

Otros homicidios en el país

El 16 de abril fue asesinado Álvaro Ortiz Cabezas, alias ‘Pepe’, un integrante de las Farc beneficiado con la amnistía en el sector La Guayacana, del municipio de Tumaco.

El hecho también fue denunciado por la dirigencia del grupo guerrillero desde la zona veredal transitoria de normalización (ZVTN) Ariel Aldana.

Frente a este caso, el fiscal general Néstor Humberto Martínez, informó que el responsable de este homicidio fue capturado y puesto a disposición de la justicia gracias a un operativo que se realizó en Tumaco de la mano de la Dirección Seccional de Fiscalías, liderada por Luis González.

Según Martínez, Hernán Cai Pascal, alias ‘Renol’, no solo asesinó al amnistiado de las Farc sino también al policía del Esmad Bayron Recalde, que resultó herido de gravedad el 31 de marzo, durante los enfrentamientos que se presentaron en el corregimiento de Llorente entre las autoridades y los opositores a la erradicación de cultivos ilícitos.

El fiscal contó que ‘Renol’ “es cabecilla de una nueva organización criminal que está recogiendo antiguos milicianos de las Farc en la zona de Tumaco, cerca a Aguas Claras y Llorente”.

La motivación del grupo, afirmó el director seccional de Fiscalías, Luis González, “es apoderarse de las rentas criminales: el tráfico de estupefacientes y la extorsion”.

El otro homicidio que denunció la dirigencia del punto transitorio de normalización Dagoberto Ortiz, desde la vereda Monterredondo del municipio de Miranda, Cauca, es el del miliciano José Uber Yatacué Mestizo. Su asesinato ocurrió en Toribío.

Antes estos casos, el fiscal Martínez, manifestó que desde la Fiscalía se le ha hecho un llamado a las autoridades del país sobre “la imperiosa necesidad de que para asegurar jurídica y físicamente a los antiguos milicianos de las Farc haya decisiones concertadas en el proceso de paz con relación a ellos”.

De acuerdo con Martínez, “en este momento solo la guerrillerada ha entrado a las zonas veredales, y la Fiscalía ha manifestado al Alto Comisionado para la Paz y a otros funcionarios del Gobierno, la conveniencia de que los miembros de las antiguas milicias también se incorporen a las zonas veredales por su seguridad física y se establezca cuál va a hacer su situación frente a la justicia”.

Martinez, afirmó: “Me comprometí con no permitir que colombiano alguno levante la mano contra las personas que entran en periodo de reconciliación con el país y hacen tránsito a la vida civil”.

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