Denuncian inconsistencias en la sentencia contra Da Silva

26 de febrero del 2019

Fue condenado dos veces por corrupción.

condena corrupción Lula Da Silva Brasil

El Ministerio Público Federal en Brasil señaló el lunes que existen “omisiones y contradicciones” en la sentencia por corrupción que realizó la jueza Gabriela Hardt contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011).

“Según la Fiscalía de la República, Lula fue denunciado por diez crímenes de corrupción pasiva (…) Pero en algunos puntos de la sentencia hubo mención a la práctica del crimen de corrupción activa por Luiz Inacio Lula da Silva. Tratándose de mero error material, el Ministerio Público Federal requiere esa contradicción rectificada, para que pase a constar el crimen de corrupción pasiva”, afirmó la Justicia en un comunicado, según el diario el Correiro Brazilense.

La sentencia de la jueza Gabriela Hardt, del 6 de febrero, se refiere a las supuestas coimas que el expresidente recibió de forma disimulada a través de la reforma de una finca situada en Atibaia (en el interior del estado de São Paulo, al sureste de Brasil).

Esta es la segunda condena que pesa contra el líder de la izquierda brasileña, que desde abril cumple otra sentencia de 12 años y un mes de cárcel determinada por la corte de apelación.

Según la Fiscalía, Lula Da Silva recibió sobornos de las constructoras OAS y Odebrecht a través de la reforma y decoración de la finca, que solía frecuentar con su familia los fines de semana y en su tiempo libre, aunque en realidad era propiedad de un amigo, Fernando Bittar.

Los procuradores aseguraron que las empresas costearon reformas por valor de 850.000 reales (229.000 dólares) en esa propiedad.

A cambio, el expresidente habría ayudado a mantener en sus puestos de Petrobras a los directivos que manejaban los fraudulentos contratos millonarios de la petrolera semiestatal con las constructoras.

Los abogados de Lula Da Silva aseguran que no hay pruebas que vinculen las reformas con el esquema corrupto de Petrobras, y que el expresidente es víctima de una persecución jurídica.

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