Contrato millonario inhabilitó a Jhon ‘Calzones’

Contrato millonario inhabilitó a Jhon ‘Calzones’

14 de junio del 2019

El exalcalde Jhon Jairo Torres Torres, mejor conocido como Jhon Calzones por haber trabajado como comerciante de ropa interior, tiene un largo historial con la justicia.

Fue condenado a más de tres años de prisión por haber construido una urbanización sin las licencias de planeación municipal. En ese momento señalaron que el exalcalde había comprado un terreno que antes era propiedad de un testaferro.

En esa oportunidad también fue condenadoa pagar 45 meses de cárcel y 9.000 salarios mínimos legales (más de 6.500 millones de pesos) de multa por el delito de urbanización ilegal.

Otra de las polémicas que levantó se dio cuando estuvo detenido en el centro de reclusión de Paloquemao y debió ser trasladado a las celdas del bunker de la Fiscalía por realizar fiestas, asados y recibir visitas no permitidas.

El sancionado enfrenta actualmente un proceso por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Las autoridades buscan determinar si tiene cómo justificar un exponencial aumento de su patrimonio entre 2012 y 2015.

Este 13 de junio la Procuraduría General de la Nación emitió una inhabilidad de once años para ejercer cargos públicos.

Esta sanción está relacionada con las irregularidades presentadas en un contrato de ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

En 2016 el exalcalde firmó un convenio registrado con el número 010. A través de él la entrega de suplementos alimentarios para los menores quedó a cargo de la Fundación somos Manos Unidas.

El problema con este contrato fue que la fundación en cuestión nunca participo de una licitación pública, tal como lo exigía la ley para este tipo de acuerdos.

En otras palabras, entregó el contrato a dedo un contrato cuyo costo superaba los 3.000 millones de pesos.

Esta decisión emitida en primera instancia, que podrá ser apelada por el sancionado, establece que Jhon Calzones cometió una falta “gravísima a título de culpa gravísima”.

La misma destitución e inhabilidad de once años fue interpuesta a Fredy Alexander Estepa, execretario de Educación y Cultura de la ciudad, para la época.

El Ministerio Público señaló a los sancionados de ir en contra de la ley en cuanto a lo establecido en “el principio de transparencia y de selección objetiva de la contratación estatal”.

Estepa fue el encargado de suscribir los estudios para aceptar el contrato, mientras que Torres fue quien firmó el convenio.

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