Doble instancia retroactiva: un debate candente

15 de julio del 2019

¿Esta medida generaría inseguridad jurídica?

Andrés Felipe Arias

La extradición del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias reabrió el debate sobre la posibilidad de que un segundo juez revise los fallos condenatorios que impuso la Corte Suprema de Justicia en contra de aforados constitucionales antes del 2018; es decir, que se aplique la figura de la doble instancia con retroactividad.

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Andrés Felipe Arias sería uno de los beneficiados de esta medida. Es por eso que muchos dicen que el proyecto de reforma constitucional que impulsará el Centro Democrático en el Congreso de la República tiene nombre propio: el del exministro.

De ser así, se revisaría la condena de 17 años que le impuso el alto tribunal de justicia en el 2014, por el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS).

Desde que arrancó la segunda instancia para los aforados, Arias, su defensa y sus allegados políticos han solicitado que se le permita esta posibilidad, con el argumento de que “no se le ha garantizado el debido proceso” y que su condena es “injusta”.

A pesar de los esfuerzos, la segunda instancia retroactiva le ha sido negada varias veces.

¿Qué dicen los expertos?

Para algunos juristas “este es un derecho universal fundamental para todos los ciudadanos”, mientras que para otros, esta idea generaría inseguridad jurídica y le abriría la puerta a la impunidad a algunos crímenes.

El abogado Alirio Uribe Muñoz le explicó a KienyKe.com que actualmente “el tema ya está subsanado”. Mencionó que en 2018 se aprobó el acto legislativo que creó en la Corte Suprema de Justicia una nueva Sala que revisa de nuevo los fallos proferidos en una primera instancia.

“Ya constitucionalmente esta situación se solucionó”, señaló.

Dijo que el problema es con las sentencias condenatorias que se produjeron entre 1991 y 2018, como la de Arias, porque hasta ese momento no se había aprobado la ley.

“En ese tiempo hubo condenas en contra de personas involucradas con el proceso 8000, con la parapolítica, con el caso del DAS, entre otros. Esos condenados fueron afectados; no podían apelar el fallo ante una instancia superior”, indicó.

Uribe Muñoz mencionó que hacer hoy una reforma constitucional sobre ese tema “es muy difícil”. Contó que cuando se aprobó la ley de segunda instancia en el Congreso, se acordó que fuera para casos futuros “porque hacerla para los pasados ocasionaría que automáticamente los delitos quedaran prescritos”.

“Hay un problema con la prescripción. Si un día como hoy se aprobara la doble instancia retroactiva, todos los casos quedarían abiertos y las sentencias no estarían en firme, eso significaría que los delitos estarían prescritos”, indicó.

Para el jurista, la reforma constitucional “es imposible”.

“Efectivamente el caso de Andrés Felipe Arias debió tener una segunda instancia; pero no fue así. Nosotros no vemos cómo desde el punto de vista constitucional se pueda solucionar. Sería volver a abrir miles de casos”, explicó.

El abogado Alejandro Sánchez, por su parte, señaló que la segunda instancia retroactiva es “un derecho de carácter humano”.

“Lo que haría esta ley es darle efectividad a una garantía que humanamente siempre estuvo, solo que por temas de legalidad no se había implementado”, manifestó ante KienyKe.com. 

A su juicio, el sacrificio de la inseguridad jurídica no es tan importante como la ganancia que se obtendría ante la posibilidad de darle a muchas personas la garantía de que un segundo juez revise una decisión condenatoria, que “muchas veces han sido injustas”.

“Colombia suscribió tratados internacionales de derechos humanos que ordenan esta revisión; fue incluso antes de que estas personas fueran condenadas. Esta retroactividad de la ley simplemente es el cumplimiento de las garantías universales de los derechos humanos”, sostuvo.

Respecto a la prescripción de los delitos, Sánchez mencionó que “si el Congreso es prudente”, puede imponer una clausula para suspender el término de la prescripción de la acción penal, “de tal manera que la garantía de la doble instancia no repercuta en ese fenómeno”.

“Creo que hay alternativas que evitarían cualquier otra situación de riesgo. Por ejemplo, que no se conceda la libertad mientras se tramite la segunda instancia. Estas son situaciones que los legisladores pueden prever sin que se afecte esa garantía”, finalizó.

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