CIUDAD DE MÉXICO — Cuando los funcionarios de Estados Unidos accedieron a entregar a México a un exsecretario de Defensa al que habían acusado de estar en la nómina del narcotráfico, lo hicieron con la esperanza de remendar una cooperación bilateral que se estaba deteriorando.
Pero el viernes, esa relación yacía en ruinas. México exoneró al exsecretario, el general Salvador Cienfuegos, sin llevar a cabo un juicio y acusó a sus aliados estadounidenses de intentar perjudicarlo sin evidencia.
Los funcionarios de Estados Unidos, enfadados, lo vieron como un sorprendente abuso de confianza por parte de sus colegas mexicanos, de quienes esperaban una investigación a Cienfuegos luego de compartirles abundante evidencia que vinculaba al general con un cártel tras devolverlo a México en noviembre.
En México, los críticos del presidente Andrés Manuel López Obrador lo acusaron de ceder ante el ejército de su país por conveniencia política. El mandatario ha ido incrementando la participación de las fuerzas de seguridad en la gobernanza del país y se ha apoyado en ellos para combatir la violencia grotesca que aqueja al país.
El presidente López Obrador, en un comentario después de la decisión sobre el general Cienfuegos, puso en duda la integridad de los investigadores estadounidenses y dijo que “no actuaron con profesionalismo” y que habían “fabricado” las acusaciones contra Cienfuegos.
Pero los analistas de seguridad en México expresaron preocupación ante la apresurada decisión que dijeron podría sugerir un continuado clima de impunidad en el país apoyado por un presidente que ha apostado su legado contra la erradicación de la corrupción.
“Esto es una gran cachetada a las instituciones estadounidenses”, dijo Alejandro Madrazo, experto en política antidrogas en el CIDE, una universidad mexicana. “Es evidente que el gobierno mexicano le tiene más miedo a su propio ejército que al gobierno de Estados Unidos, con el que ha sido servil”.
Apenas semanas antes, las relaciones entre los funcionarios de seguridad de ambos países se vieron puestas a prueba cuando México aprobó una ley que limita la capacidad de los agentes antinarcóticos estadounidenses de operar en México. Ahora, al liberar al general Cienfuegos a unos días de que el presidente electo de Estados Unidos, Joe R. Biden Jr., asuma el cargo, su nuevo gobierno enfrentará el desafío de intentar reconstruir una relación que ha tocado un punto muy bajo en materia de narcotráfico.
En años recientes, López Obrador parecía haber encontrado armonía con un gobierno de Trump inicialmente hostil al acceder a la mayoría de sus exigencias en materia de comercio e inmigración. A cambio, Trump le pidió a México relativamente poco en materia de seguridad y recibió constantes elogios del líder mexicano por actuar “con respeto a nuestra soberanía”.
Luego, en octubre, sin notificar de antemano a México, oficiales estadounidenses arrestaron al general Cienfuegos luego de que desembarcó de un avión en Los Ángeles. Cienfuegos, quien los fiscales han dicho que era conocido como el Padrino— fue acusado de aceptar sobornos para trabajar directamente para un cártel de drogas resguardando sus envíos de narcóticos, alertándolos sobre los integrantes de sus filas que eran informantes para Estados Unidos y presentándolos a otros funcionarios dispuestos a recibir pagos a cambio de cooperación.
La noticia cayó como una bomba en México, donde, en una serie de reuniones de alto nivel, altos funcionarios de gobierno se quejaron furiosos de que no se les había informado sobre el arresto. El ejército estaba particularmente iracundo por la detención de uno de sus generales más respetados, algo que para los oficiales era un ataque directo contra la soberanía de México. Y presionaron al gobierno a tomar acción.
Los generales mexicanos han encontrado un aliado dispuesto en López Obrador. Ha convertido al ejército en un pilar crucial de sus esfuerzos para combatir la violencia y lo ha desplegado por todo el país para patrullar las calles, rastrear a miembros de los cárteles y cerrar laboratorios de drogas.
Las fuerzas armadas también han recibido cada vez más responsabilidades civiles y se han encargado de la distribución de la vacuna para el coronavirus y la construcción de proyectos de infraestructura con valor de miles de millones de dólares, entre ellos un nuevo aeropuerto en la capital de México.
Con el aumento de las responsabilidades del ejército también se han llenado sus arcas. Al tiempo que el presidente López Obrador ha reducido considerablemente el financiamiento público de manera general con una estricta política de austeridad fiscal, también ha incrementado su gasto en defensa en casi 40 por ciento desde que asumió el poder en 2018. El presupuesto de la secretaría de Defensa este año es cinco veces la suma de los presupuestos de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Economía.
“El ejército es el actor político fundamental en la vida pública del país”, dijo Alejandro Hope, analista de seguridad en Ciudad de México. “Nadie pesa más que el ejército”.
El gobierno de México luchó a rajatabla por el futuro de Cienfuegos y amenazó con expulsar del país a la Administración de Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) si Estados Unidos no lo liberaba. En una inusual capitulación, William Barr, el exprocurador general estadounidense, cedió a la presión y el exsecretario de Defensa fue rápidamente despachado a México.
En aquel momento, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, insinuó que era crucial llevar a cabo una incansable investigación nacional del general Cienfuegos. “Sería casi suicida”, dijo, “no hacer nada” después de lograr que los estadounidenses retiraran los cargos en su contra y lo devolvieran.
Pero dos meses después, México de pronto ha exonerado al general de todos los cargos. El fiscal general de México dijo en una declaración que Cienfuegos “nunca tuvo encuentro alguno con integrantes de la organización delictiva investigada” y que jamás había recibido “ingresos ilegales”.
El viernes, en un comunicado, el Departamento de Justicia estadounidense dijo que Estados Unidos “se reserva el derecho a reiniciar el proceso contra Cienfuegos si el gobierno de México no lo hace”.
Los fiscales reunieron miles de mensajes de BlackBerry que dejaban entrever que el general Cienfuegos había concertado reuniones entre oficiales militares e integrantes del violento cártel H-2 y que había coordinado operaciones contra grupos del crimen organizado rivales. Pero no quedó claro si en algún momento el general Cienfuegos fue captado directamente enviando mensajes él mismo, según dos exfuncionarios estadounidenses con conocimiento directo del caso y que hablaron bajo condición de anonimato.
El caso en su contra inicialmente estaba sustentado por informantes del mundo de los cárteles cultivados por el FBI. Pero pronto llegó a incluir vastas escuchas de llamadas hechas desde Las Vegas, que implicaban al general Cienfuegos en crímenes de drogas federales, dijo uno de los exfuncionarios y agregó que cada etapa del proceso de la fiscalía había sido aprobada por personas en los más altos niveles del Departamento de Justicia.
En los mensajes de BlackBerry interceptados, se hablaba del general Cienfuegos pero puede que no haya tenido su propio dispositivo y número de identificación personal intervenido en la red de comunicaciones del cártel, dijeron ambos exfuncionarios.
Pero cualquier oportunidad de enjuiciar al general Cienfuegos se esfumó esta semana, un duro golpe para los investigadores estadounidenses que trabajaron en el caso en su contra.
“Hubo una tremenda cantidad de ingenuidad al devolverlo a México”, dijo uno de los exfuncionarios, que destacó que Estados Unidos había liberado al general en un intento por mantener el acceso de los agentes estadounidenses a operaciones en México.
Restaurar la ruptura en la que alguna vez fue una profunda relación de seguridad entre Estados Unidos y México será seguramente una de las prioridades de la agenda de política exterior del presidente electo Biden. López Obrador espera que el gobierno liderado por Biden busque participar en un rango más amplio de asuntos que Trump, según dos funcionarios del gobierno de México.
Es posible que México haya evadido una respuesta más significativa por parte de Estados Unidos al aprobar la ley que limita las actividades de la DEA en diciembre, cuando el gobierno saliente de Trump estaba concentrado en luchar contra los resultados de la elección.
Los analistas mexicanos también se han mostrado suspicaces en cuanto a la rapidez con la que el gobierno de México llegó a una conclusión en torno al caso de Cienfuegos, lo que sugiere que tal vez hayan actuado en anticipación a la inminente toma de posesión de Biden.
“Si hubieran cerrado el caso después de que Biden asumiera el cargo, Estados Unidos habría tenido que reaccionar”, dijo Madrazo, el experto en política de drogas. “Se están apresurando para barrer el caso bajo la alfombra”.
Por: Natalie Kitroeff, Alan Feuer y Oscar Lopez / The New York Times
