Trans en Bogotá protestan porque agresión policial no cesa

13 de mayo del 2019

Se movilizarán para rechazar el hecho.

Trans en Bogotá protestan porque agresión policial no cesa

Foto: Red Comunitaria Trans

Sofía, una trans venezolana que ejerce como trabajadora sexual en la avenida primero de mayo, en Kennedy, se convirtió, literalmente, en el nuevo rostro del maltrato policial en el país.

Es imposible que su cara llena de heridas y moretones pase desapercibida. La cicatrices no solo quedarán en el rostro de Sofía. Su causa hace que las minorías sexuales vuelvan a alzar la voz en contra de los atropellos de las autoridades.

Un grupo de manifestantes se concentró este lunes 13 de mayo, finalizando la tarde, a las afueras del CAI Villa Claudia, para rechazar el silencio de los entes estatales ante este tipo de denuncias. El objetivo del encuentro era también visibilizar ante la ciudadanía una problemática que, aseguran, es recurrente.

No es primera vez que se denuncia un caso de este tipo en esta localidad del suroccidente de Bogotá.

La zona donde usualmente labora Sofía, junto a otro grupo de trabajadoras sexuales, es considerada de riesgo para las trans, debido a que los dueños de los establecimientos comerciales del sector han creado “grupos de seguridad” que se encargan de “mantener el orden”.

Estos grupos de vigilancia golpean ocasionalmente a las trabajadoras de la zona, denunció la directora y fundadora de la Red Comunitaria Trans, Daniela Maldonado, ante Kienyke.com.

La representante de la comunidad trans, asegura que las autoridades legales no intervienen como correspondería, incluso, “se suman a las golpizas”, denuncia.

“Les pegan con bolillo o las transportan en camiones a la fuerza”.

De nada sirve denunciar

Maldonado comenta que frente a los atropellos, las denuncias son poco efectivas. Asegura que suelen terminar en dilaciones que cansan a las víctimas, a quienes les toca repetir una y otra vez la historia de sus agresiones ante una gran cantidad de funcionarios. La situación se agrava, asegura, cuando las autoridades ponen en duda sus testimonios.

Pollito, activista de la organización comunitaria Las Callejeras, respalda esta versión. Como Maldonado defiende los derechos de trabajadoras y trabajadores sexuales, así como de otros grupos que hacen vida en la calle. Asegura que “en este sectores de la ciudad las chicas trans al día a día sufren de muchas violencias por parte de la Policía (…) se ha denunciado muchas veces, pero lastimosamente las denuncias quedan ahí como en nada”.

Para dar muestra de las demoras en los trámites de denuncias, Pollito le contó a este medio que ella misma fue víctima de abuso policial hace tres años y que apenas en los últimos días la llamaron a indagatoria.

Para esta población, lo que les queda a la mano para disminuir los atropellos en su contra es la movilización social.

No fue un hecho aislado

Maldonado contó que antes de que existiera la Constitución de 1991 era prohibido por la ley ser trans en el país y que podía ser motivo de cárcel.

Antes de ese año, la Fuerza Pública tenía ciertos permisos para darle un trato agresivo a quienes no se identificaban con su sexo biológico o su cuerpo. Se llegaron a presentar casos de torturas y desapariciones que no eran casi denunciadas porque el mal trato era lo “normal”, comentó la activista.

A partir de la promulgación de la nueva carta magna entraron en vigencia nuevos mecanismos de protección a las minorías y las garantías legales se empezaban a notar, pero todavía es algo que en muchos aspectos permanece en el papel.

“Si uno por ejemplo le reclama un policía de ‘oye, conozco mis derechos. Tú no me puedes golpear’ o empiezas a grabar o anotas la placa del policía ese es un motivo para que ellos te violenten con más fuerza es como una forma de acallar”, dice Maldonado.

Pollito, por su parte, recuerda que con la sentencia T-594 de 2016 la Corte Constitucional creó un precedente en defensa de quienes ejercen el trabajo sexual.

En ese documento los magistrados resolvieron una tutela en la que se rechazaba la conducción de un grupo de 15 mujeres, algunas de ellas trabajadoras sexuales, a una Unidad Permanente de Justicia (UPJ) de forma arbitraria; en el transcurso recibieron malos tratos.

Ellas alegaron que no prestaban servicio en la calle ni hacían exhibicionismo; mientras que la Policía aseguró que estaba haciendo una recuperación del espacio público.

Finalmente, en la resolución, la Corte ordenó tanto a la Alcaldía de la capital como a la Defensoría del Pueblo a impartir “capacitaciones a la Policía Metropolitana de Bogotá acerca de la importancia del trato digno de los trabajadores sexuales y la prohibición de maltrato verbal y físico”. A pesar de esos antecedentes las activistas reiteran que el camino que hay que recorrer, en materia de protección de derechos, todavía es extenso.

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