Tres meses más de suspensión para el gobernador de Córdoba

18 de octubre del 2018

La Procuraduría General de la Nación prorrogó por tres meses más la suspensión del gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, con el fin de evitar reiteraciones en faltas disciplinarias por parte del funcionario. Según el ente regulador, la suspensión se da dentro de la investigación que se adelanta por irregularidades en la terminación de un contrato […]

Tres meses más de suspensión para el gobernador de Córdoba

facebook Edwin Besaile Fayad

La Procuraduría General de la Nación prorrogó por tres meses más la suspensión del gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, con el fin de evitar reiteraciones en faltas disciplinarias por parte del funcionario.

Según el ente regulador, la suspensión se da dentro de la investigación que se adelanta por irregularidades en la terminación de un contrato de ciencia y tecnología y presuntos actos de corrupción en la gestión contractual.

En un comunicado, la Procuraduría indicó: “la prórroga de la suspensión provisional está justificada para evitar la reiteración de una posible falta disciplinaria por presuntas irregularidades en la actividad contractual, evidenciadas en la suspensión unilateral del convenio No. 735 de 2013, celebrado entre la Gobernación de Córdoba y la Fundación para el Conocimiento y Desarrollo de la Diversidad Biótica de Colombia (George Dahl)”.

Con esta suspensión, la Procuraduría quiere definir la presunta participación de Edwin Besaile en actos de corrupción confesados por el entonces gobernador del departamento, Alejandro Lyons Muskus, en relación con el destino indebido que tendrían los recursos públicos en la contratación.

Dentro de este proceso, la Procuraduría también investiga al director administrativo de Planeación, Manuel José Benjumea Simancas; a la asesora del despacho del gobernador, Sandra Milena Ruiz Pérez, y al director de contratación de la gobernación, Jairo Rafael Cruz Lozano.

Cabe resaltar que el gobernador de Córdoba ya había sido destituido e inhabilitado por al menos 10 años por la celebración irregular de contratos millonarios en el sector de la salud, concretamente en casos relacionados con la atención a menores de edad en condición de discapacidad, lo que se conoció como el cartel de la hemofilia.

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