El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, advirtió a los alcaldes y gobernadores del país para que protejan la vida de los líderes sociales atendiendo a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, de lo contrario, aseguró que el organismo, abrirá investigaciones disciplinarias.
“Desde la firma del Acuerdo con la extinta guerrilla de las Farc se han registrado 446 asesinatos de líderes sociales. El Estado parece que no estaba preparado para defender el liderazgo social del país... Se nos están acabando las excusas a todos para decir por qué no hay acción y por qué no somos capaces de frenar este desangre”, aseguró el funcionario.
Así mismo, instó a los gobernadores a crear instancias permanentes de diálogo social con líderes y lideresas, y a romper el círculo de acción y convocatoria sólo cuando se está al frente de la tragedia y se reportan los asesinatos.
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“Falta una acción decisiva de los gobernadores y alcaldes como primeros responsables en los territorios, justo los lugares más peligrosos para ejercer liderazgo en Colombia. Es momento de parar esta masacre”, dijo.
Carrillo Flórez dio las declaraciones al instalar la III Mesa por la Vida, junto con el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, anunció que “la Procuraduría trabajará de manera articulada con la Defensoría para conformar un cuerpo élite de seguimiento e investigación en los casos de amenazas y crímenes de líderes sociales”.
En su intervención ante líderes sociales del país, representantes del gobierno, gobernadores y alcaldes, organizaciones internacionales y organismos internacionales, entre otros, el Procurador General lanzó “un llamado a la Comisión de Garantías de Seguridad a establecer la frecuencia y calendario de este espacio vital para los líderes”.
La III Mesa por la vida contó con la participación de Luisa Ortega, líder juvenil de El Salado; María Paulina Riveros, Vicefiscal General de la Nación; Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior; Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad; Dumek Turbay Paz, gobernador de Bolívar; Carlos Camargo Assís, presidente de la Federación Nacional de Departamentos.
Además, Rafael Gallo Paredes, alcalde de El Carmen de Bolívar; Alberto Brunori, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Colombia; Carlos Ruiz Massieu, representante Especial y Jefe de la Misión de Verificación de ONU en Colombia; Roberto Osvaldo Menéndez, jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos – OEA, y Miguel Antonio Ceballos, Alto Comisionado de Paz.
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Así mismo, participaron: Mayerlis Angarita, directora de Colectivos Narrar para Vivir; Juana Ruiz, representante de las Tejedoras de Mampuján; Ricardo Esquivia del Espacio de Construcción de Paz de Montes de María; Laura Cantillo de la Veeduría Étnica Nacional, y Soraya Bayuelo del Colectivo de Comunicaciones de Montes de María y Premio Nacional de Paz.
A su turno, la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo que se ha trabajado arduamente “el Plan de Acción Oportuna ha venido recorriendo los municipios y las ciudades que tienen mayor riesgo. Se han generado 31 alertas tempranas de la Defensoría, de las cuales el Gobierno ha atendido 30, convocando a las entidades territoriales, a las organizaciones sociales, líderes y comunidades, para que no haya un asesinato más de un líder social”.
Y agregó que dentro del Plan de Acción Oportuna para proteger a los líderes sociales, el Ministerio del Interior ha convocado y liderado nueve sesiones en Ricaurte (Nariño), Montería (Córdoba), San Vicente del Caguán (Caquetá), Caucasia (Antioquia), María La Baja, Carmen de Bolívar y El Salado (Bolívar) y Buenaventura y Bolívar (Valle del Cauca), y “con base en estas solicitudes se ha generado todo un plan de trabajo por parte del Gobierno Nacional, que ha quedado protocolizado en el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo”, agregó.
