Argentina y rebaja penal por delitos de lesa humanidad

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Argentina y rebaja penal por delitos de lesa humanidad

4 de Mayo del 2017

La organización argentina de derechos humanos Abuelas de Plaza de Mayo criticó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Argentina que aplica el beneficio penitenciario conocido como “cómputo del 2×1” para crímenes perpetrados durante la última dictadura militar (1976-1983).

“Este dos por uno aprobado por la Corte (…) es abominable”, indicó Estela de Carlotto, titular de la organización, en declaraciones a la emisora AM 750. El Gobierno de Mauricio Macri, aseguró, quiere borrar a las víctimas de la dictadura de la historia “para construir” su propio relato del pasado reciente.

“No sólo nos están destruyendo en la economía, sino también en la moral y la física”, dijo la presidenta de Abuelas.

Tras asegurar que estaba “muy mal”, De Carlotto acusó al máximo tribunal del país de actuar en “sintonía con (la alianza oficialista) Cambiemos”. “Ahora quieren fusilarnos en una movida tan terrible”, señaló.

La decisión de la Corte ha provocado el rechazo de varios organismos de derechos humanos, como Madres de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora. En una conferencia de prensa, entidades de derechos humanos, lideradas por Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, prometieron agotar “todas las instancias internacionales hasta lograr que este criterio que garantiza la impunidad sea abandonado”.

El secretario de Derechos Humanos del Gobierno, Claudio Avruj, dijo que estaba de acuerdo con el fallo si este “está ajustado a la ley”.

“Yo acato lo que dijo La Corte Suprema sobre el 2×1”, afirmó.

Por su parte, el ministro de Justicia argentino, Germán Garavano, cuestionó el fallo de la Corte Suprema de Justicia que aplica el beneficio penitenciario conocido como “cómputo del 2×1” para crímenes cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983).

“Me parece una ley perversa porque termina beneficiando a las personas que cometieron las mayores ofensas”, opinó en declaraciones a radio La Red.

Aunque aseguró que su papel como ministro “debe ser cumplir los fallos de la Corte, no criticarlos”, Garavano calificó como un “engendro” la ley 24.390 sobre los plazos de prisión preventiva, denominada “2×1”.

El ministro Garavano consideró que había un “dilema moral” en la resolución del alto tribunal, y que Argentina sigue “pagando las consecuencias de una legislación desastrosa”,

“Lo que hace esta ley es reducir la pena de los condenados por delitos más graves, más complejos, los que ponían más palos en las ruedas para investigar, los que cometían crímenes aberrantes como los de lesa humanidad”, reconoció.

Corte Suprema argentina acepta cómputo “dos por uno” para delitos de lesa humanidad

La Corte Suprema de Argentina autorizó la aplicación del cómputo denominado “dos por uno” para crímenes cometidos durante la última dictadura (1976-1983), informaron este miércoles a Sputnik fuentes judiciales.

La Corte “aplicó el ‘dos por uno’ en un caso de lesa humanidad”, lo que permite computar por un día de prisión preventiva dos de encarcelamiento efectivo, indicaron las fuentes.

Tres de los cinco jueces del máximo tribunal avalaron este criterio en un caso en el que fueron condenados represores por la desaparición de trabajadores en el Hospital Posadas, un centro sanitario público en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Los ministros Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti declararon aplicable la ley 24.390 sobre los plazos de prisión preventiva, conocida como “dos por uno”.

La normativa, promulgada en 1994, estuvo vigente hasta 2001, pero los jueces recuperaron esta normativa por considerarla más benigna.

Rosenkrantz y Highton de Nolasco consideraron que la resolución de un tribunal anterior contradecía la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la propia Constitución.

El artículo 2 del Código Penal, señalaron, reconoce el beneficio de la aplicación de la ley penal más benigna en todos los delitos, sin realizar distinción alguna.

En disidencia votaron otros dos jueces de la Corte, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, quienes argumentaron que no se ha producido ningún cambio en la valoración de los delitos de lesa humanidad. Los dos ministros alegaron que hasta ahora había una consistencia en la definición, calificación y persecución de este tipo de crímenes que se ha mantenido en todos los ámbitos del Poder Judicial. Lorenzetti y Maqueda sostuvieron que el cumplimiento efectivo de la pena constituye una política de Estado respaldada por los tres poderes, en lo que representa un contrato social de los argentinos.

Esta disposición, añadieron los magistrados, fue aceptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sostuvo que “por tratarse de un delito de ejecución permanente, es decir, cuya consumación se prolonga en el tiempo… la nueva ley resulta aplicable, sin que ello represente su aplicación retroactiva”.

La resolución de la Corte Suprema se refirió a una causa en la que se investigaba el secuestro y la tortura de empleados del Hospital Posadas en 28 de marzo de 1976, cuando un operativo militar con tanques y helicópteros, encabezado por el exgeneral Reynaldo Bignone, incursionó en el centro sanitario y llevó a los detenidos al centro clandestino de detención “El Chalet”, que funcionaba en el mismo lugar.

Bignone se convertiría después en el último dictador que tuvo Argentina.

El militar, actualmente en prisión de por vida, ejerció sus funciones entre julio de 1982, tras la renuncia de Leopoldo Galtieri por la derrota en la guerra que emprendió contra Reino Unido por las islas Malvinas, y el 10 diciembre de 1983, cuando regresó la democracia al país de mano del mandatario Raúl Alfonsín (1983-1989).

Con información de Sputnik Noticias