Destituyen a cuatro miembros de la Asamblea de Amazonas

14 de agosto del 2018

La Procuraduría General de la Nación sancionó al actual presidente de la Asamblea Departamental del Amazonas, Camilo Suárez Torres, a la vicepresidenta, Mónica Karina Bocanegra Pantoja, a la ex vicepresidenta Pastora Orobio Carvalho y al exsegundo vicepresidente, Regis Pinto Leonardo, a quienes se les acusa de apropiación de recursos del Estado. Según el comunicado de la entidad, […]

Asamblea Departamental de Amazonas

La Procuraduría General de la Nación sancionó al actual presidente de la Asamblea Departamental del Amazonas, Camilo Suárez Torres, a la vicepresidenta, Mónica Karina Bocanegra Pantoja, a la ex vicepresidenta Pastora Orobio Carvalho y al exsegundo vicepresidente, Regis Pinto Leonardo, a quienes se les acusa de apropiación de recursos del Estado. Según el comunicado de la entidad, los funcionarios fueron destituidos e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante doce años.

La sentencia también impuso una inhabilidad de 10 años a otros 18 diputados de los periodos 2008-2011 y 2012-2015.

La Procuraduría Regional de Amazonas comprobó que Bocanegra Pantoja, Suárez Torres, Orobio Carvalho y Pinto Leonardo, reconocieron y ordenaron el pago de la prima de vacaciones e indemnización de las mismas, a los diputados de la mencionada corporación, además de percibir el pago correspondiente de estas prestaciones, sin que existiera una norma que autorizara esta retribución.

Los diputados beneficiados con esta acción son: Carlos Iván Peña Cañas, Samuel Muñoz Piris, Antonio Muentes Suarez, Pedro Ignacio Acosta García, Rosendo Ahue Cuello, Alejandro Mejía Fonseca León, Elver Isidio Viena, José Reinaldo Muca Miraña, Luis Muñoz Vásquez, Luis Ángel Pantevis, Edgar Mauricio Barbosa, Medardo Bohórquez Quitian, Rosa Isabel Portilla Díaz, Oscar Enrique Sánchez Guerrero, Edilberto Suarez Pinto, y Essi Zoraida Veloza Monteiro.

El Ministerio Público en fallo de primera instancia, calificó la falta de los disciplinados como gravísima a título de dolo, por beneficiarse de un error en el que incurrieron funcionarios de esta corporación y por apropiarse de dineros pertenecientes al Estado, porque con su conducta “causaron grave daño a la sociedad, con un rubro que pudo haberse invertido en otros sectores a favor de la comunidad”.

Contra esta decisión procede el recurso de apelación ante la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa.

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