Jesús Orlando Grueso Obregón y Jonathan Cundumí Anchino estaban socializando un plan de sustitución de cultivos en Guapi, al sur del Cauca, cuando hombres armados entraron al recinto y los asesinaron.
Ellos son solo dos líderes de los 29 que han sido asesinados este año y un número más entre los cerca de 200 líderes sociales que ha cobrado el conflicto desde 2016. 94 ocurrieron en 2016, según un informe de la Cumbre Agraria para la fecha y 101 durante 2017 y lo que va de este año, según reportó la Fiscalia el 31 de enero.
Ante la negativa del Gobierno de reconocer la sistematicidad de los asesinatos y los gritos de organizaciones y familiares de los líderes y lideresas solicitando protección, el ministerio del Interior publicó un proyecto de decreto que busca crear y reglamentar el Programa Integral de Seguridad y Protección para líderes sociales.
Acorde con los compromisos del Acuerdo de Paz, la cartera dirigida por Guillermo Rivera, estableció unos lineamientos para garantizar la seguridad y la prevención de riesgos a la población líder, vulnerable y campesina del país.
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El programa tiene un enfoque étnico, diferencial, de género y territorial con el fin de atender las características particulares de cada colectividad. Es importante recalcar que el líder social será considerado de forma colectiva en tanto comunidades y organizaciones.
Se creará también un comité técnico que buscará la capacitación y la cercanía con otros entes del poder para mantener una comunicación eficaz. Es decir que abre los caminos para una denuncia directa y una atención preferencial. Además se contará con unidades móviles en los territorios que faciliten las actividades de denuncia.
En el proyecto de decreto, se establece que serán los mandatarios locales, Gobernadores y Alcaldes, quienes definirán la instancia o entidad que llevará a cabo la implementación del Programa de Seguridad. Asimismo, las autoridades locales deberán reconocer el trabajo de los líderes sociales, tanto a través de impulso y promoción de su trabajo, como a través de pronunciamientos públicos.
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Entre las medidas de prevención se encuentra agilizar la respuesta de las autoridades y las reuniones periódicas con las entidades públicas para que evalúen la situación, con esto se se esperan tomar las medidas de seguridad a tiempo. Además se propone garantizar a los líderes sociales el acceso a internet y capacitación en formas de comunicación escrita y audiovisual, que les permita denunciar y hacer visible su situación y trabajo.
Por último se creará una categoría de Promotor Comunitario de Paz y Convivencia. Estos serán líderes o personas civiles elegidas por la comunidad y avaladas por el ministerio, para trabajar sin remuneración, en la mediación y solución de conflictos. Como promotor comunitario, podrán participar, en zonas de conflicto, los excombatientes reincorporados a la vida civil.
El documento aún no ha sido firmado y se espera que entre en vigencia en los próximos días. Por tanto el ministerio está a la espera del aval para poner a andar el programa.
