Mal balance de la ONU en DD.HH en Colombia

20 de marzo del 2018

Menores de edad fueron desvinculados de manera informal.

Derechos

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas entregó su informe anual sobre los derechos humanos en Colombia, en el que aparecen preocupantes cifras de desvinculación de menores, seguridad de líderes y excombatientes y ejecuciones extrajudiciales.

En el informe se recogieron datos sobre la implementación de los Acuerdos de Paz firmados con la guerrilla de las Farc durante 2017. Se determinó la mala desvinculación de los menores de edad de las filas de la guerrilla. El Alto Comisionado “recibió información sobre la desvinculación informal de niños antes del proceso formal al menos en Cauca, Caqueta y Meta”.

Según las cifras reveladas en el documento, para el 31 de diciembre de 2017 se habían desvinculado de la entonces guerrilla de las Farc 135 niños, entre los que se contaban 75 mujeres y 60 hombres.

Pero el reclutamiento persiste, en el informe, el Alto Comisionado expone que en las zonas donde tienen influencia las disidencias de las Farc, el ELN y otros grupos delincuenciales se ha presentado reclutamiento forzado de menores de edad.

Por eso la organización internacional solicita al Estado la implementación de mecanismos seguridad en esos lugares que antes eran de dominio guerrillero para evitar la llegada de nuevos grupos. Asimismo señaló la necesidad de atender las derechos básicas de los niños y niñas desvinculados de la guerrilla, como son salud, educación y alimentación.

“La Defensoría de Pueblo señaló que, al 25 de octubre, 800 excombatientes de las FARC-EP, aproximadamente el 11 por ciento, habían formado o habían ingresado a otro grupo armado ilegal o criminal”, dice en el comunicado en las cifras sobre desmovilización de las Farc.

En el informe se expuso la preocupación de las Naciones Unidas sobre la ola de asesinatos de líderes sociales en el país. Según recogió este órgano internacional, durante 2017 se cometieron 441 ataques contra líderes sociales.

En esas cifras, 121 fueron asesinatos, 84 de las víctimas fatales eran defensores de derechos humanos y ejercían liderazgo, 23 pertenecían a movimientos sociales y políticos; otras 14 personas fueron asesinadas durante protestas sociales. También se hace mención a 43 intentos de homicidio, 213 amenazas, 61 violaciones a los derechos de intimidad y propiedad.

En términos de crímenes cometidos por el Estado, en el informe se hace mención a las investigaciones a la Fuerza Pública por el asesinato de 14 personas durante las protestas sociales y la masacre de siete campesinos en Tumaco.

El Alto Comisionado “documentó 11 casos de supuestas ejecuciones extrajudiciales en 2017, en Arauca, Bolívar, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Norte de Santander y Tolima. Ocho fueron presuntamente cometidos por miembros del Ejército y tres por la Policía”, se lee en el comunicado.

El organismo llamó la atención sobre el uso del Ejército en las actividades de seguridad ciudadana dado que la mayoría de presuntas ejecuciones extrajudiciales se dieron durante estas actividades, que según el Alto Comisionado deben ser exclusivas de la Policía.

También se ve con gran preocupación la corrupción que azota al país que se consume 17 mil millones de dólares anuales del producto interno bruto, casi el mismo porcentaje destinado a la salud. Resalta una impunidad de más del 97%, según recogió el informe, de 64.095 denuncias de actos de corrupción, solo se resolvieron 1.025, es decir, el 1.6%.

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