Caen policías señalados de cometer fraudes en pensiones

Vie, 15/02/2019 - 12:44
Doce personas, entre los que se encuentran nueve uniformados de la Policía Nacional y tres médicos, fueron capturados por la Fiscalía General de la Nación al ser señalados de hacer parte de una r
Doce personas, entre los que se encuentran nueve uniformados de la Policía Nacional y tres médicos, fueron capturados por la Fiscalía General de la Nación al ser señalados de hacer parte de una red criminal que, al parecer, hacía fraudes en el trámite de las pensiones en la institución. La captura de estas personas se dio en la ciudad de Cartagena, en el departamento de Bolívar, en el marco de la operación ‘Evadidos’, luego de que el ente investigador descubriera una red criminal que por medio de maniobras fraudulentas obtuvo recursos económicos de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)  y permitió que uniformados fueran declarados no aptos para seguir cumpliendo su servicio, cuando en realidad cumplían con las condiciones para desempeñar sus funciones. Según las investigaciones del ente investigador, este fraude se cometió entre los años 2017 y 2018, época en la que los capturados realizaban de forma fraudulenta trámites ante Casur y conseguían dictámenes de incapacidad y certificados médicos falsos con los que policías obtuvieron niveles de incapacidad física superiores al 75%, y así se jubilaron y accedieron al reconocimiento pensional por invalidez. [single-related post_id="1035798"] Una de las investigaciones logró establecer que un médico psiquiatra era quien expedía las incapacidades falsas a los uniformados, de tal manera que sin trabajar recibían pagos del 100% del sueldo y el respectivo registro en las historia clínicas. Asimismo, emitía certificaciones de una supuesta disminución del 75% en la capacidad psicofísica de los policías, algo muy distinto al verdadero estado de salud de los uniformados. Se estima que por este hecho los capturados habrían defraudado al sistema de pensiones de la Policía Nacional, que podría superar los mil millones de pesos. Los capturados serán presentados ante un juez de control de garantías y deberán responder por los delitos de peculado por apropiación, estafa agravada, falsedad en documento público y fraude procesal.
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