Capturada banda criminal que desfalcó la unidad de víctimas en Antioquia

27 de noviembre del 2016

Los criminales suplantaban las víctimas para hacer la reclamación fraudulenta.

Capturada banda criminal que desfalcó la unidad de víctimas en Antioquia

Luego de una serie de denuncias por parte de ciudadanos que detectaron anomalías en la reclamación de las indemnizaciones en el departamento de Antioquia; la Policía Nacional, a través del grupo Especial de Investigación Interagencial de la Dirección de Investigación Criminal -DIJIN-, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró poner en  evidencia la existencia de una organización dedicada a filtrar información de las víctimas del conflicto para luego suplantarlas y recibir así fraudulentamente las reclamaciones.

De acuerdo con las autoridades, esta actividad ilícita era realizada tanto por directivos como por empleados, lo que permitió mediante el desarrollo la operación “Fortaleza” desarticular la banda.

La investigación mostró que para el día 02 de octubre del año 2015, en la Unidad Administrativa para la Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), se registró evidencia de que se estaban pagando ayudas humanitarias a víctimas que estaban siendo suplantadas. Así mismo se demostró y se documentó el pago irregular a once víctimas, el cual asciende a un monto de $232.000.000 mediante la alteración de los formatos y bases de datos, así como de las cuentas de ahorros, y demás información que permitía realizar los pagos o desembolsos a los cuales no tenían derecho.

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“El señor presidente puso sus ojos de lleno en estas operaciones policiales para capturar a todos los delincuentes que se aprovechan y usurpan el puesto de las verdaderas víctimas. Antioquia es el departamento con más indemnizaciones para dar, ya que tiene el 20% de víctimas en Colombia”, afirmó el General José Gerardo Acevedo Ossa, Comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Alt_Policia Medellin capturado

Este fraude era realizado tanto por directivos como empleados de la Unidad de Víctimas Administrativa para la Reparación Integral, territorial de Antioquia; para tal fin, usaban la información de los beneficiados que provenía desde el nivel central (Bogotá), luego filtraban los datos a ex-personeros y tramitadores, los cuales se encargaban de ubicar personas que pudieran falsificar las cédulas de ciudadanía de las víctimas para suplantarlas.

Así mismo, se tenía la coordinación con el gerente de un banco en el departamento, el cual participada en la creación de cuentas a nombre de estas personas para posteriormente retirar el dinero, del cual era favorecida la supuesta persona indemnizada .

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Además, el  proceso de la operación “Fortaleza” permitió la captura siete personas, seis hombres y una mujer, entre ellos Jorge Mario Alzate Maldonado, director territorial de la Unidad de Víctimas de Antioquia, de 44 años de edad. Fueron también apresados funcionarios públicos, ex funcionarios y particulares, dedicados al desfalco de la entidad a través de la modalidad de suplantación de falsos indemnizados en los municipios de Medellín y Santuario, quienes fueron judicializados por los delitos de concierto para delinquir, falso testimonio, acceso abusivo a un sistema informático, peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad material en documento público.

La Policía destaca que esta intervención fue antecedida por la operación  “Dignidad”, realizada en el año 2015, la cual conllevó a la captura de 10 tramitadores por actividades de corrupción en contra del Programa de Atención y Reparación a las Víctimas, ya que realizaban supuestas “gestiones” para facilitar la entrega de ayudas humanitarias e indemnizaciones a favor de las víctimas del conflicto, quienes preparaban falsos desplazados para que fueran incluidos en el registro único de víctimas.

De la misma forma, dicha banda comercializaba usuarios y claves de acceso a sistemas de información de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, cobraban dinero a las verdaderas víctimas por agilizar los pagos de ayudas e indemnizaciones de las que eran beneficiarias, también tenían acceso ilegal a los sistemas de información de la entidad y usaban oficinas de atención a víctimas en los municipios de Urabá, Urrao y Caucasia.

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