En la mañana de este martes fueron realizadas las primeras capturas en protección del patrimonio histórico de Cartagena, por el proyecto Aquarela, ubicado cerca del castillo San Felipe. Este caso había sido declarado como prioridad por el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira.
Uno de los capturados es el curador urbano No. 1 de Cartagena, Ronald Llamas, a quien se le acusa de los delitos de urbanización ilegal y prevaricato por acción. Llamas habría expedido las licencias correspondientes para la construcción con una capacidad de 940 apartamentos en el sector de Torice, sin tener en cuenta la afectación cultural, ambiental y al patrimonio histórico.
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Por su parte, al arquitecto Claudio Restrepo se le imputarán los delitos de urbanización ilegal y daño en los recursos naturales. Según las autoridades habría sido el encargado del diseño de los planos. También se le señala de tramitar y firmar la documentación correspondiente para la realización del proyecto.
El tercer capturado es el representante legal del proyecto Lucas Tamayo, por los delitos de urbanización ilegal y daño en los recursos naturales.
Las irregularidades del proyecto Aquarela
El proyecto Aquarela consideraba la idea de la construcción de 9 torres de 30 pisos cada una en un barrio cercano al castillo, que representa una de las obras arquitectónicas más importantes del periodo colonial en Latinoamerica, el cual ha estado hace 33 años en la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Por esto mismo debe tener una protección especial y por lo tanto no se podría realizar ninguna construcción alrededor que imposibilite su visibilidad a cierta distancia, como sucede con este proyecto, además cualquier obra realizada debe ser aprobada por el Ministerio de Cultura.
Pero, al parecer el curador entregó la licencia sin el respectivo análisis para medir el verdadero impacto que dicha obra tendría en la zona de periferia histórica que la categoriza como Patrimonio de la Humanidad, a parte emitió 9 licencias para la primera etapa sin la previa aprobación del Consejo Nacional de Monumentos.
Los presuntos implicados habrían argumentado que esta construcción sería para vivienda de interés social para poder levantar la edificación de más de los 6 pisos de altura, lo que perjudica las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
Adicional a esto, el fiscal del caso demostró que muchos de los beneficiarios también serían los mismos constructores, lo que causó la pérdida de los programas de interés social de Gobierno Nacional que buscan dignificar las condiciones de vivienda para las personas de bajos recursos.
Los capturados serán presentados en las últimas horas ante un juez de control de garantías en la ciudad de Cartagena.
