Cada vez se van conociendo más detalles sobre un nuevo caso de corrupción en Colombia: ‘El cartel del cemento’. Supuestamente, en 2011 y 2013, empresas cementeras habrían presionado para que se
Cada vez se van conociendo más detalles sobre un nuevo caso de corrupción en Colombia: ‘El cartel del cemento’. Supuestamente, en 2011 y 2013, empresas cementeras habrían presionado para que se alzará el precio de ese material y luego repartir el mercado.
Las implicadas, según explicó la Superintendencia delegada para la protección de la competencia son Cemex, Cementos Argos y Holcim. De acuerdo a la entidad, se debería sancionar a las empresas por “prácticas restrictivas de la competencia”.
Argos, al respecto dijo que “no incurre ni ha incurrido en ningún tipo de cartel ni prácticas restrictivas de la competencia y actúa en las geografías donde opera bajo premisas de transparencia y competencia leal”.
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La conducta en la que incurrieron las empresas, denominada ‘fijación de precios’ habría permitido que, entre 2011 y 2013, el precio del cemento aumentara en casi un 30%. Además se habrían repartido el mercado en zonas concretas del país.
Además, el informe también recomienda compulsar copias a la Fiscalía para investigar a los funcionarios posiblemente involucrados. Se le imputarían delitos de fraude procesal y falso testimonio. Los ejecutivos que están en la mira son: José Alberto Vélez, expresidente del Grupo Argos, actual presidente del mismo Jorge Mario Vélasquez, e Ingrid Restrepo Libreros, y Adriana Rodríguez Uribe, ambas, altas ejecutivas de Argos.
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También se ha señalado a Carlos Jacks Chavarría, expresidente de Cemex, Miguel Ángel Rubalcava expresidente de Holcin, y Jaime Antonio Hill, director comercial de Holcin.
Por supuesto que las empresas se han defendido. En una comunicación que Cemex envió a la SIC dice que “el informe motivado tiene carácter de recomendación, que cierra la etapa de investigación y que no implica la culminación del proceso ni la condena al pago de una sanción o multa”.
Juan Esteban Calle, presidente de Argos explicó que “las imputaciones de la SIC no las compartimos y nos parece que el análisis, en un periodo de 36 meses, llega a conclusiones erradas de la dinámica del mercado y de la industria. No se puede hablar de un crecimiento de precios excesivos en ese lapso”.