Exsecretario de Gobernación de San Andrés es destituido

13 de julio del 2018

Por 15 años la Procuraduría destituyó e inhabilitó al exsecretario General de la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, César Augusto James Bryan (2012 – 2015). La decisión se tomó por irregularidades en la ejecución de tres contratos para brindar vigilancia y seguridad privada a los inmuebles de la entidad territorial, por un valor […]

Exsecretario de Gobernación de San Andrés es destituido

Por 15 años la Procuraduría destituyó e inhabilitó al exsecretario General de la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, César Augusto James Bryan (2012 – 2015). La decisión se tomó por irregularidades en la ejecución de tres contratos para brindar vigilancia y seguridad privada a los inmuebles de la entidad territorial, por un valor superior a los $7.000 millones.

Fue la Procuraduría Regional de San Andrés quien adelantó la investigación. Se refierió a los contratos 759 de 2013 y 1119 de 2014 suscritos por la gobernación con la Cooperativa Autónoma de Seguridad, Coautónoma C.T.A., y el 007 de 2015 firmado con la Unión Temporal CC SAI 2015.

Según el ministerio público, Bryan permitió la ejecución del contrato adicional 007 de 2015 sin que se aprobaran las modificaciones a las pólizas de garantías “cuando su función era vigilar que el contratista cumpliera con todos los requisitos exigidos para efectuar la actividad contratada”.

El exsecretario también fue hallado responsable por no cumplir su función de seguimiento y supervisión a los tres contratos, lo que ocasionó que el departamento cancelara la totalidad del valor pactado sin que los contratistas cumplieran con sus obligaciones.

Además se estableció que el funcionario no supervisó el proceso de publicación de los documentos que dieron origen a los contratos en la página estatal Secop, “conducta con la que desconoció los principios de transparencia y publicidad de la función administrativa, porque no fueron radicados en la oficina de sistemas del departamento, mientras que otros fueron presentados fuera del término legal”, explicó el ministerio Público.

Para el ente desobedeció el deber funcional que le atribuyó el ordenamiento jurídico. La decisión fue notificada y apelada por James Bryan. Esta decisión tendrá que ser apelada en segunda instancia.

Ver comentarios
KONTINÚA LEYENDO