CIDH pide mantener el Consejo Ciudadano en Ecuador

CIDH pide mantener el Consejo Ciudadano en Ecuador

8 de febrero del 2018

La Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) pidió que no se lleve a cabo la implementación de uno de los siete puntos por los que los ecuatorianos votaron en el pasado referéndum, el 4 de febrero.

En las siete preguntas que se plantaban en el referéndum las respuestas fueron contundentes; todos los resultados con el 65% a favor de las propuestas del presidente Lenín Moreno. Pero la CIDH encontró que una de las preguntas tiene un tema controversial que pone en riesgo “los principios de separación de poderes y de independencia judicial”.

Y es por eso que la Corte pidió suspender la inminente destitución de los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), alegando el peligro que hay de que haya incidencia del Ejecutivo en el poder judicial.

El CPCCCS fue establecido en la Constitución de 2008 y sus miembros tienen bajo su responsabilidad el nombramiento de los titulares de los organismos de control. Desde su creación, el Consejo es considerado como el “quinto poder” del Estado ecuatoriano y en los dos últimos periodos gubernamentales se habían convertido en un bastión de funcionarios fieles a Rafael Correa.  

Entre los argumentos del organismo internacional están uno de los reclamos recurrentes de los opositores a la consulta: las preguntas debieron haber recibido el visto bueno de la Corte Constitucional y no fue así. La consulta se hizo sin que  el alto tribunal se haya pronunciado sobre ellas.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió el 6 de febrero de 2018 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) una solicitud de medidas provisionales a favor de Edwin Leonardo Jarrín Jarrín, Tania Elizabeth Pauker Cueva y Sonia Gabriela Vera García, con la finalidad de que ordene al Estado que se abstenga de destituir a los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Ecuador (CPCCS) y de crear un Consejo Transitorio que pueda generar riesgos en la efectividad del Estado democrático de derecho, incluyendo los principios de separación de poderes y de independencia judicial, fundamentales para el goce efectivos de los derechos humanos”, dice el comunicado oficial en el sitio web oas.org

El triunfo del presidente Lenín Moreno en la consulta popular del pasado domingo fue contundente. En ninguna de las siete preguntas el apoyo a sus propuestas fue menor al 65% y logró así impedir la cuarta reelección que se supone tenía la intención el expresidente Rafael Correa, antes su aliado. Por eso condenó la decisión de la CIDH en un tuit:

“He convocado a todas las funciones del Estado para expresar en unidad de país, ante los organismos internacionales, nuestra legítima posición en defensa de la voluntad soberana del pueblo ecuatoriano expresada en las urnas y la vigencia de las normas del derecho internacional”. 

La canciller María Fernanda Espinosa llamó a consultas al representante permanente del país ante la OEA, el embajador José Valencia.

La Cancillería anunció en un comunicado que llamaron a José Valencia, su representante ante la OEA, debido a una medida que necesariamente ha tenido que tomar el gobierno ante el “accionar incomprensible, poco ético y contrario a procedimientos legales” de la CIDH, que pidió medidas provisionales a favor de los funcionarios en proceso de remoción.

El pasado 26 de septiembre el Consejo Nacional Electoral ecuatoriano cerró la convocatoria para que los ciudadanos propusieran las preguntas que querían someter al voto en una futura consulta popular. Las preguntas quedaron en siete que iban desde la prohibición de la reelección de funcionarios indefinidamente, la no prescripción de delitos sexuales contra menores de edad, hasta temas de  ambiente.

Según la Comisión, la Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad de las preguntas, por lo cual la misión de observación electoral de la OEA, que estuvo en la jornada electoral del domingo pasado, solicitó que la Corte Constitucional ecuatoriana emita un pronunciamiento sobre la legalidad de las preguntas formuladas.

El expresidente Correa, por su parte, considera que la convocatoria vulneró la Carta Magna porque no tiene la aprobación de la parte judicial y alega además que al menos dos de sus preguntas ponen en riesgo la legislación nacional e internacional.