Citan a debate de control político al director del IGAC

Foto: Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Citan a debate de control político al director del IGAC

14 de junio del 2017

Pese a la publicación del mapa del Chocó, con Belén de Bajirá, Nuevo Oriente, Blanquicet y Macondo en su territorio el pasado 10 de junio, y que, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, cierra el diferendo limítrofe entre Antioquia y ese departamento, las reacciones ante la decisión no cesan.

Para este miércoles 14 de junio, después de las 6 p.m., la bancada antioqueña de representantes a la Cámara citó a un debate de control político a Juan Antonio Nieto, director del IGAC. A la sesión fueron invitados los gobernadores Luis Pérez y Jhoany Palacios. El primero confirmó su asistencia.

Santiago Valencia, representante del Centro Democrático, junto a Nicolás Albeiro Echeverri, Jhon Jairo Roldán y José Ignacio Mesa, fueron los que firmaron la proposición que tiene como objetivo demostrar que hubo una “usurpación y extralimitación de funciones” por parte del funcionario, y que su decisión pasó por encima del Congreso y la Constitución.

Valencia, quien por las mismas razones demandó a Nieto ante la Procuraduría, le explicó a kienyke.com los argumentos que expondrá la bancada antioqueña en la sesión y que, espera, demuestren que el IGAC malinterpretó una proposición de la Comisión de Ordenamiento Territorial y siguió motivos políticos, más que jurídicos, para publicar el mapa con los territorios en Chocó.

De acuerdo con Valencia, “El IGAC es un órgano consultivo, que elabora un informe de acuerdo a la Ley, lo presenta al Congreso, pero es éste, por medio de las Comisiones de Ordenamiento Territorial y la plenaria del Senado, el que tiene la última palabra”.

El representante asegura que el informe que presentó el IGAC fue devuelto en diciembre de 2016 a la entidad porque estaba mal elaborado.

“Yo estuve en las Comisiones de Ordenamiento Territorial, a pesar de que no soy miembro. La primera proposición era la de rechazar el informe, luego se cambió por la de devolverlo. Aunque su redacción no es la mejor, la interpretación más mañosa de todas, más acomodada, es la del IGAC”, dijo.

Y añadió: “Claramente dice que se devuelve el informe por no cumplir los requisitos de la determinación del límite dudoso contemplados en la ley. El informe no cumplía los requisitos técnicos para determinar el límite dudoso, es decir, el informe estaba malo”, aseguró.

Lo que ha sostenido Nieto, por su parte, es que la devolución del informe se debió a que no se constituyó lo que el artículo 8 de la Ley 1447 del 2011 señala como límite dudoso, por tanto la entidad, con base en sus hallazgos en terreno, procedió con las tareas de deslinde y amojonamiento y la publicación del mapa.

Para el representante Valencia, “aún con esa interpretación, el IGAC no podía tomar la determinación de ceder el territorio antioqueño porque es un organo consultivo y no decisorio”.

“Para nosotros eso raya en conductas disciplinarias además se puede constituir un prevaricato, porque estaría excediendo sus competencias”, expresó Valencia.

El representante aseguró, además, que al quedar la publicación de mapa del Chocó como uno de los acuerdos para levantar el paro en ese departamento, “se convirtió un problema eminentemente jurídico en uno político, al tomarse una decisión en contra de la integridad de Antioquia”.

Finalmente, Valencia manifestó: “el control político al director del IGAC es muy importante porque el precedente que se genera es muy peligroso. Hoy en Colombia hay 20 diferendos limítrofes priorizados y no se puede permitir que la solución de esos diferendos sea por temas de apoyo político y no por cuestiones legales y constitucionales, eso pondría en riesgo la relación entre los departamentos, la misma unidad de Colombia como Estado de Derecho, porque se politiza un tema que es supremamente delicado, que es la integridad territorial de los departamentos”.

La propuesta del representante y de la bancada antioqueña, además de demandar el acto administrativo que generó la publicación del mapa, es que se presente un nuevo informe al Congreso para su estudio y este órgano sea el que se pronuncie con una decisión definitiva con respecto a Belén de Bajirá y las veredas que pertenecían a Turbo.