Los políticos que recurrieron a grupos paramilitares para obtener sus cargos deberán devolver a la Nación el salario que devengaron y el valor monetario que el Consejo Nacional Electoral le otorgó por cada voto conseguido. Esa fue la decisión del Juzgado 37 Administrativo de Bogotá que vincula a quienes han sido condenados por concierto para delinquir en procesos de parapolítica.
Al proceso también fueron vinculados los partidos que le entregaron aval a funcionarios salpicados con la política criminal de los paramilitares. Los condenados por esas actuaciones violaron la constitución, por eso el Juzgado determinó que su campaña es ilegal y sus dineros se deben retornar a la Nación.
El Juzgado instó al Consejo Nacional Electoral y al Congreso de la República para que establezca los mecanismos necesarios con el fin de retornar los dineros de los procesados. El CNE se deberá encargar del dinero por reposición de votos y el Congreso de los salarios percibidos por los políticos durante su legislatura.
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El tema de la reposición de votos funciona para la financiación de las campañas políticas y el "mantenimiento de la democracia". Consiste en que un candidato que supera el umbral mínimo de votos exigido para ser elegido, recibirá dinero por parte del Estado, un porcentaje tasado con anterioridad por cada voto recibido. Para 2018 la entidad electoral estableció que el retorno será de 5.642 pesos por voto.
El juez consideró que los gobernadores, alcaldes y congresistas condenados aprovecharon una estructura criminal para constreñir el voto y de esa forma lograr el triunfo. Cada peso girado por salario, salud, transporte y aportes a pensión deberá ser devuelto al Estado.
Uno de los partidos más cuestionados -más no el único- por esta campaña ilegal es Cambio Radical con 11 condenados. Entre ellos se encuentra el exsenador Jairo Enrique Merlano Fernández quien obtuvo en 2002 un total de 50.221 votos, por los cuales, en cálculos, tendría que devolver más de 283 millones de pesos. En términos de salario, con un promedio de 29 millones de pesos, el exsenador tendrá que entregarle a la Nación unos $1.392 millones.
Entre todos los que han sido condenados se calcula que la cifra que debe retornar a las arcas del Estado es de 30.000 millones de pesos.
