Rodolfo Hernández, el controversial alcalde de Bucaramanga, recibió la formulación de cargos proferida por la Procuraduría General de la Nación con el que se buscará determinar si ha incumplido el “deber de tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con quien tiene relación por razón del servicio”.
En medio de una audiencia pública que no ha terminado y continuará el próximo miércoles, el ente de control busca determinar si el mandatario local violó estas normas al momento de hacer señalamientos sobre otros funcionarios sin haber cumplido el debido proceso.
En concreto buscan saber si dos señalamientos hechos públicamente por el alcalde en 2017 pueden ser considerados como irrespetuosos ante la dignidad de sus subalternos. De ser así, las conductas de Hernández serían calificadas como faltas graves a título de culpa gravísima y se constituirían en una violación de normas de obligatorio cumplimiento que “menoscaban el capital moral de una persona”.
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El primero de los casos se dio el 17 de abril del año mencionado cuando el alcalde manifestó ante medios de comunicación de que uno de los trabajadores del organismo administrativo se había robado 250 millones de pesos, mientras que el segundo acontecimiento se dio el 25 de septiembre del mismo año cuando supuestamente Hernández, en medio de una formación de agentes de tránsito, también señaló al funcionario de haberse apropiado de dineros que estaban destinados a pagar obras que iba a realizar la alcaldía.
El primer mandatario de Bucaramanga se ha hecho célebre por polémicas similares que lo han llevado a enfrentar otras investigaciones públicas. Uno de los hechos más recordados se dieron en noviembre del año pasado cuando Hernández golpeó a uno de los concejales de su ciudad. En esa oportunidad la misma Procuraduría lo suspendió de sus labores durante tres meses y le abrió otra investigación disciplinaria.
