Corrupción en La Guajira: $20.000 millones habrían favorecido a particulares

Hasta el momento, 41 personas han sido imputadas por corrupción en el departamento de La Guajira. De estas, 20 fueron capturadas y 11 más serán acusadas. Según explica la Fiscalía, las investigaciones incluyen la labor que adelanta el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el departamento, el plan de aguas, los megacolegios, salud, justicia y convenios con municipios. Lea también: Ordenan captura de 14 funcionarios del ICBF por corrupción en La Guajira Mientras se reporta que en menos de 72 horas otros tres niños de la comunidad indígena Wayúu murieron por causas asociadas a la desnutrición, con lo cual se completan 65 casos en lo corrido del año, la Fiscalía explica que funcionarios públicos, contratistas y personas particulares hacen parte de actos de corrupción sistemáticos en esa zona del norte del país. Además: La Guajira: Votar en blanco, por dignidad Así las cosas, "en una primera revisión se advirtió que la suma de $20.000 millones de pesos ha ido a parar al favorecimiento de contratistas particulares", dijo el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez.  El desarrollo del plan 'Bolsillos de Cristal', adelantado por fiscales de direcciones nacionales y seccionales durante al menos dos meses, permitió descubrir irregularidades en el manejo de recursos públicos. Le puede interesar: Jorge Enrique Vélez, “l oco” por ponerle orden a la Guajira

Corrupción sistémica en La Guajira

“La corrupción ha alcanzado un carácter sistémico que obliga a las autoridades y a la propia ciudadanía a desarrollar las acciones necesarias para que La Guajira no termine siendo un departamento fallido”, añadió el Fiscal. Respecto al ICBF, la Fiscalía investiga dos contratos por más de 3 mil 421 millones de pesos, destinados para la atención integral de 1.400 niños de 0 a 5 años y madres gestantes o lactantes. De acuerdo con los primeros resultados, se habría establecido un peculado por $1.495 millones, que equivalen a casi la mitad de los recursos de los dos convenios. Además, hallaron facturas falsas que cobraron por al menos $500 millones y cobros de arrendamiento por el doble del valor real. Por esto, se han capturado a la fecha 12 personas, entre ellas se encuentran el representante legal, el gerente  y trabajadores de la fundación, así como funcionarios del ICBF y proveedores. Además, el ente investigador indaga sobre el Plan de Aguas de La Guajira. En este caso, imputan cargos a 11 personas entre quienes se encuentran el entonces alcalde de Riohacha, Rafael Ricardo Ceballos Sierra y el representante del consorcio Aguas para un Pueblo, Yusif Habib Mustafá, como posibles responsables de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. En el municipio de Albania, el ente halló irregularidades en un programa que buscaba  “reducir la mortalidad infantil” entre marzo y junio de 2011. En este proceso la Fiscalía adelantará acusación contra 11 personas y continúa las indagaciones respecto de otras. Respecto a la educación, fueron encontrados sobrecostos y facturación falsa en la contratación para la construcción de 42 megacolegios. Por estos hechos el ente acusador obtuvo nueve órdenes de captura (cuatro fueron materializadas y se hizo la respectiva imputación), y ha dispuesto la imputación a otras cinco como posibles responsables de los delitos de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales; uno de ellos el exgobernador de La Guajira, Jorge Luis Pérez Bernier (2008-2012). En salud, investigan la forma como a través de la IPS Mareigua y la clínica odontológica de Maicao, en los últimos dos años, habrían cobrado de manera ilegal recursos de la salud, mediante la modalidad de traslados inconsultos de afiliados indígenas a otras IPS, creando doble afiliación, lo que permite que la IPS beneficiaria obtenga pagos indebidos provenientes del FOSYGA. En materia de justicia han sido capturados un fiscal y un técnico investigador del CTI, luego de reunir elementos probatorios suficientes que los comprometen en los delitos de concusión y falsedad ideológica en documento público. Los hechos sucedieron en el municipio de Maicao y corresponden a conductas relacionadas con la exigencia de dinero para no adelantar trámites o denuncias propias de sus funciones. Para finalizar, Martínez explicó que se formularán nuevas imputaciones y que las investigaciones sectoriales continuarán. Los resultados de las mismas se conocerán próximamente.