Corte Penal Internacional investiga a Venezuela

Corte Penal Internacional investiga a Venezuela

8 de febrero del 2018

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrió un examen preliminar a Venezuela sobre la ‘fuerza excesiva’ que existe por parte de las autoridades policiales para dispersar a los manifestantes, además de los graves abusos cometidos a las personas detenidas.  

Aquel examen preliminar busca analizar los delitos cometidos desde el mes de abril de 2017, cuando comenzaron las manifestaciones en el vecino país.

Por otro lado, el Parlamento Europeo solicitó en la mañana de este jueves extender las sanciones europeas al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a la petrolera estatal PDVSA. Asimismo, le exigen al mandatario que se restablezca el derecho a los políticos opositores para que participen en las próximas elecciones presidenciales.

Los eurodiputados también solicitan la aplicación de sanciones contra el vicepresidente de Venezuela, Tareck el Aissami, por considerarlo responsable de la crisis que atraviesa el país petrolero. La medida da lugar luego de conocerse la decisión del  Consejo Nacional Electoral (CNE) de fijar para el 22 de abril la celebración de unas elecciones presidenciales de manera anticipada. De igual manera, los eurodiputados piden sanciones en contra del ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino.

Por su parte, el presidente Maduro invitó a la inscripción de candidatos por parte de la oposición como medida de garantía en las próximas elecciones.

“No deben imponerse condiciones artificiales para limitar la participación de los partidos políticos”, comentó Federica Mogherini, la jefe de la diplomacia europea, quien expresó el establecimiento de garantías para asegurar unas elecciones libre, transparentes y creíbles con el objetivo de apoyar soluciones democráticas y negociadas.

La Unión Europea expresó su preocupación por la situación del país, durante cuatro meses de protesta se presentaron 125 muertes entre abril y julio del año pasado.  En enero de este año se impuso una prohibición de visado y congelación de activos para siete altos cargos del país, entre los que se encuentran los presidentes del CNE y el Tribunal Supremo.