Pelea por precio del mobiliario de la U. Distrital

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Pelea por precio del mobiliario de la U. Distrital

25 de octubre del 2018

La polémica surgió por el Concejal de Bogotá Rubén Torrado que denunció, públicamente y ante los órganos de control, que la Universidad Distrital había adquirido unas sillas por el valor de 1.500.000 cuando en el mercado costaban 370.000 pesos.

El cabildante aseguró que se dio a la tarea de realizar las cotizaciones en tres empresas distintas, “con las mismas descripciones técnicas y materiales”. “Solicité su valor unitario, me llevé la sorpresa en tres cotizaciones diferentes, que compartiré con los órganos de control, al comprobar que no superan los 370 mil pesos por unidad en el mercado”, dijo Torrado.

El concejal calificó el hecho como un despilfarro de recursos por parte de las administraciones de la Universidad Distrital, justo cuando varios miembros de la comunidad educativa exigen inversión para la educación pública. “Mientras que los estudiantes exigen mayor inversión, los directivos gastan irresponsablemente los recursos de la educación”, agregó Torrado.

Las directivas de la Universidad contestaron a las denuncias argumentando que las sillas tenían unas características específicas, porque se usarían para aprovisionar varios laboratorios de la sede de esta institución en la localidad Bosa.

Los laboratorios equipados con el mobiliario adquirido era los de “biología, microbiología, química, calidad del agua, ecología y zoonosis; además, servicios públicos y calidad del aire, entre otros. En este sentido, se buscó que las sillas cumplieran especificaciones de alta calidad, como gran resistencia al uso y a las condiciones bacterianas y microbianas; calidades ergonómicas y garantía de 10 años, razón por la que los requerimientos fueron exigentes”, afirmó la entidad.

El valor total del contrato, asignado a la empresa Wesemann GMBH E – ICL Didactica LTDA – unión temporal, fue $5.015.972.349 pesos, el cual consistía en la adquisición e instalación de diversos equipamientos específicos para la realización de tareas en los laboratorios.

La silla comprada fue de la marca Bimos referencia Labsit 4 – 9125, “que además no es para uso en oficina sino para laboratorios especializados”, dijo la institución. El valor de este asiento es de “aproximadamente 340,00 € en el mercado, equivalentes a $1.198.952 pesos, sin contemplar los impuestos y trámites de importación. Cabe anotar que la oferta económica presentada por WESEMANN fue de $1.250.000 pesos más IVA, para un total de $1.487.500”, aseguró la U. Distrital.

En total se compraron al rededor de 250 sillas, que tienen las especificaciones, según afirmó la universidad, para el trabajo en laboratorios, tanto por su estructura como porque sus materiales son duraderos y no conservan los materiales biológicos con los que está en contacto.

Según el documento de la subasta inversa que presentó la institución para las especificaciones de los mobiliarios, que debería adquirir el concesionario, fue una silla “compuesta por asiento y espaldar independientes unidos mediante un sistema de monoconcha, sin platinas. Resistente a desinfectantes y disolventes, con propiedades antibacterianas y antimicrobianas, de construcción robusta de alta resistencia a los más altos niveles de uso y frecuentes cambios de usuarios (uso institucional/educativo)”, entre otras especificaciones técnicas.

Junto a este mobiliario se adquirió también más de 70 muebles, algunas divisiones en vidrio y otras adecuaciones para los laboratorios.

Una dudosa adjudicación

Torrado también denuncio que no se realizó un proceso de subasta previo a la adjudicación del contrato, lo cual habría permitido elegir los precios más bajos para la contratación. Aseguró que se escogió a dedo al proponente que resultó con el contrato, la empresa Wesemann GMBH E.

“Se solicitó la celebración previa de 10 contratos en materia relacionada con la instalación de mobiliario, lo que claramente debilita a oferentes nacionales y hace pensar que estamos ante un contrato de los que yo llamo sastre y adicional a ello, se encontró que el único proponente habilitado presentó una propuesta técnica que aparentemente no cumplió los requisitos mínimos exigidos como se puede constatar en las observaciones presentadas por los demás proponentes y ubicadas en el portal único de contratación”, dijo el concejal.

La universidad desmintió parte de esa acusación diciendo que sí se realizó una subasta a mediados de octubre del año pasado, a la cual “se presentaron cuatro oferentes: LAB Brands S.A.S, Aanalytica S.A.S, Unión Temporal Mobiliario 014-2017 y Wesemann GMBH E – ICL Didactica L.T.D.A. UT. En la valoración inicial el equipo especializado determinó que ninguno de ellos cumplía con la totalidad de los requerimientos publicados por la institución, a pesar de que las cuatro empresas ofrecieron todos los productos solicitados, incluidas las sillas”.

Por esa razón se les permitió, a las mismas empresas, realizar una nueva oferta en un proceso de subsanación. La nueva subasta se realizó el 7 de diciembre del año 2017, pero esta “concluyó nuevamente con la evaluación de las cuatro propuestas; de las cuales 3 fueron descalificadas y una habilitada: la firma Wesemann GMBH E – ICL Didactica L.T.D.A”.

Torrado expresó que llevará los documentos de su denuncia ante los órganos de control. “Quiero trasladar el estudio de estas irregularidades a Contraloría, Personería y Veeduría Distrital, y de todos los contratos que ha suscrito la Universidad Distrital con el objeto de dar apertura a su sede El Porvenir porque aparentemente los valores son elevadísimos”, concluyó.

Por su parte la Universidad Distrital aseguró que “contrario a la denuncia del Concejal, no se presentaron sobrecostos en la oferta seleccionada, ni hubo asomo de corrupción, pues los precios del mercado así lo demuestran”. Además, las directivas de la institución pidieron al concejal que revise los documentos de contratación que se encuentran publicados y “respetuosamente, a que rectifique sus afirmaciones”.