La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró en desacato a Roberto Meana, administrador general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep), por desestimar el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia promulgada por el órgano judicial el 20 de diciembre de 2017 que acogió el amparo de garantías presentado por la empresa Panamá Ng Powers S.A.
La sentencia decretó la concesión de una prórroga a la compañía correspondiente a 150 días. Para presentar el cierre financiero (presupuesto) del proyecto de construcción de una planta de generación eléctrica a base de Gas Natural Licuado (GNL) con capacidad para 670 megavatios, cuya licitación ganó la empresa en 2013.
En 2014, la Asep derrocó la licencia operativa a la compañía que pertenece a la sociedad entre una empresa panameña y otra asiática, por supuestamente incumplir con la entrega del documento correspondiente al cierre financiero del proyecto que es indispensable para comenzar las labores de planificación, construcción y operación de la planta.
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Pero en 2015, tras la apelación por parte de Ng Powers S.A., la Corte Suprema de Justicia invalidó la resolución de la Asep y reactivó la operación de la empresa en el mercado. En los fallos posteriores, la Corte instó a Roberto Meana para que cumpliera con lo pactado en la licitación.
Sin embargo, el administrador de la Asep no lo hizo y, tras varios recursos, el órgano judicial no solo otorgó el nuevo plazo a la compañía sino que además eliminó la fianza de cumplimiento por 55 millones de dólares interpuesta por el regulador de servicios públicos.
Con el último fallo, la Asep dispondrá de cinco días hábiles para otorgar el término de 150 días hábiles para que la empresa entregue el cierre financiero y, de no cumplir con la prorroga, Meana podría enfrentar un proceso de multa o arresto por los reiterados desacatos en los que incurriría.
