El Defensor que sí fue capaz de renunciar

26 de enero del 2016

Luis Manuel Castro Novoa se mostró indignado por la actitud de Otálora.

El Defensor que sí fue capaz de renunciar

Este martes, tres días después de que en la revista Semana el periodista, Daniel Coronell hiciera pública la denuncia de la abogada, Astrid Helena Cristancho, contra el defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora por acoso sexual, un funcionario de esa entidad presentó su renuncia.

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En su carta de renuncia, el hoy exdefensor Delegado de Asuntos Constitucionales y Legales de la Defensoría del Pueblo, Luis Manuel Castro Novoa, señala que recomendó a su antiguo jefe renunciar. Recomendaciones que fueron ignoradas.

“Usted ha anunciado por distintos medios de comunicación que no pretende apartarse del cargo. A pesar de ello, me tomé el atrevimiento de manifestarle, personalmente, las razones por las que considero que esa es una decisión desacertada, con la esperanza de poder persuadirlo. Desafortunadamente, no lo conseguí. Por este motivo, me dirijo a usted con el fin de prsentar mi renuncia”.

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Novoa señala que la decisión de Otálora de aferrarse al cargo afecta la gestión de la Defensoría. “Especialmente, su legitimidad para asumir la defensa de los derechos de las mujeres; renuncio porque dado el contenido de las acusaciones en su contra, ética y políticamente, en mi criterio, usted podría renunciar, sin que ello necesariamente suponga una aceptación de responsabilidad penal o disciplinaria frente a los señalamientos en su contra”.

En la carta, publicada por la periodista Darcy Quinn, Novoa agrega que renuncia además por “solidaridad con todas aquellas mujeres y organizaciones que persiguen un país equitativo y la superación de los patrones históricos de discriminación y violencias contra las mujeres, que hoy sienten desconfianaz hacia un Defensor del Pueblo acusado de incurrir precisamente en esos patrones”, dice.

Finaliza el texto advirtiendole a Otálora:  “Quiero creer en su versión de los hechos, por eso sinceramente espero entonces que tenga todas las garantías en los ámbitos penal y disciplinario, pero también que su respeto por la Defensoría del Pueblo y la defensa de los derechos sea superior a su interés personal por demostrar la falsedad de las acusaciones”.

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