La Defensoría del Pueblo de Colombia manifestó su preocupación por una serie acciones de las Farc que han afectado a la población civil en 14 de departamentos del país, pese a que aseguró que esa guerrilla ha cumplido con su alto el fuego unilateral e indefinido.
La entidad aseguró en un comunicado que "considera preocupante" un total de 33 acciones, que incluyen amenazas, extorsiones, secuestros, homicidios selectivos y otros delitos, que violan los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Según monitores realizados por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría, esas acciones contra la población ocurrieron en los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Nariño, en el suroeste colombiano; al igual que en Arauca, Vichada y Norte de Santander, frontera con Venezuela. También en el Meta, Caquetá, Huila y Tolima, Guaviare, Chocó, frontera con Panamá; Córdoba y en el Putumayo.
"En estos departamentos, los habitantes resultan ser víctimas de amenazas, extorsiones, secuestros, homicidios selectivos, accidentes por minas antipersonal, restricciones a la movilidad, imposición de manuales de conducta y desplazamientos forzados, que en algunos casos se atribuyen a éste grupo guerrillero", aseguró la entidad.
La Defensonría añadió que entre el 20 de febrero y el 19 de marzo de este año no se ha conocido de ataques armados con efectos indiscriminados, ni atentados con artefactos explosivos contra la infraestructura vial, energética y petrolera "que puedan considerarse como un incumplimiento a lo anunciado por las Farc".
El documento agregó que, según los seguimientos del SAT, durante el tercer mes de observación al cese de hostilidades de las Farc, "se presentaron nueve enfrentamientos entre miembros de este grupo guerrillero y la fuerza pública" la mayoría de ellos en operaciones militares de registro y control del Ejército en departamentos de Tolima, Meta, Cauca, Huila, Chocó, Vichada y Caquetá.
Con respecto a las minas antipersona, la Defensoría manifestó su preocupación con respecto a esta grave infracción al DIH, pues la población civil sigue expuesta a la existencia de campos minados.
Durante el último mes, el SAT reportó siete accidentes e incidentes con minas antipersonal y con activaciones de artefactos explosivos. Con información de la agencia de noticias EFE.
