Tras la polémica generada a principios de junio alrededor de la Asamblea Nacional de Panamá por el supuesto mal manejo de recursos en las plantillas 172 y 080 por parte de los diputados, el contralor general Federico Humbert presentó el 28 de junio ante el Ministerio Público (MP) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) las primeras denuncias por supuestos manejos irregulares en el uso de los fondos.
Esto, luego de que Humbert revelará y suspendiera el pago a todos los servidores públicos listados en la planilla 080, tras detectarse anomalías como que familias completas y allegados de algunos diputados estaban nombrados dentro de la institución sin prestar un servicio. El contralor detalló un reporte de horas de trabajo en días inexistentes y feriados, así como la contratación de familias completas que recibieron miles de dólares.
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Luego de reunirse con Kenia Porcell, procuradora general de Panamá, Humbert expresó que "se están presentando auditorías puntuales sobre la planillas 080 y donaciones. No solo es el funcionario público quien debe asumir responsabilidad sino también el civil que se presta para este tipo de cosas".
Posteriormente el contralor se trasladará a la Corte Suprema de Justicia para presentar allí la primera denuncia frente a la revisión de la plantilla 080 que crean suspicacias en el manejo de dineros públicos al interior de toda la Asamblea Nacional tras detectarse anomalías como que familias completas y allegados de algunos diputados estaban nombrados dentro de la institución sin prestar un servicio.
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La Asamblea reanudará su período de sesiones el próximo 1 de julio hasta el 31 de octubre, por lo que se prevé comience la disputa legal por la cual ya se han presentado pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia que rechazó la solicitud de la Contraloría General para investigar libremente la destinación de fondos en la Asamblea Nacional.
