La Defensoría del Pueblo de Colombia denunció hoy que las FARC constriñen, presionan e intimidan a pobladores de once de los 32 departamentos del país pese a la ratificación del alto el fuego unilateral e indefinido decretado el 20 de diciembre.
Las denuncias fueron recogidas por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría y tienen que ver con situaciones de control a la población "mediante actividades de constreñimiento, presión e intimidación", según un comunicado de la institución.
Putumayo, Córdoba, Cauca, Caquetá, Huila, Nariño, Meta, Guaviare, Arauca, Antioquia y Chocó son los departamentos en los que, según la Defensoría, las FARC hacen amenazas contra la población y la extorsionan.
Los hechos más recientes se registraron en el municipio de San Miguel, departamento del Putumayo en donde 624 familias "pueden estar en riesgo" por la posible presencia de explosivos, según la Defensoría.
La información sobre la presunta instalación de estos artefactos comenzó a circular el pasado 6 de diciembre, a través de un panfleto atribuido a las FARC, en el que se advertía a la población sobre el "riesgo de transitar por atajos, montañas, caminos alternos e incluso las orillas de los ríos, así como la suspensión de actividades como la caza y la pesca".
Aunque la autenticidad del documento no está probada, la Personería Municipal recopiló testimonios que confirmaron la alerta y que aseguraron que la guerrilla hizo la advertencia en respuesta a los permanentes patrullajes del Ejército en la zona.
La Defensoría exhortó a los grupos armados ilegales a frenar esta práctica y a contribuir de manera decidida con el desminado como muestra de su voluntad de paz.
La entidad añade que también son motivo de preocupación las amenazas que a finales de enero recibieron los comerciantes del corregimiento Juan José, en jurisdicción del municipio de Puerto Libertado, en el departamento caribeño de Córdoba.
Allí los comerciantes tuvieron que cerrar sus negocios porque mientras supuestos guerrilleros del frente 18 de las FARC los obligaban a suspender sus actividades, integrantes de las llamadas Autodefensas Gaitanistas les exigían reabrir, so pena de atentar contra su vida y la de sus familiares. EFE
