Desfinanciación de la salud amenaza a departamentos

11 de julio del 2018

Riesgo de desfinanciación de la salud

Desfinanciación de la salud amenaza a departamentos

Los departamentos del país pidieron a Fernando Carrillo, Procurador General de la Nación, una intervención inmediata para que las entidades territoriales puedan contar con los excedentes del impuesto frente al consumo del cigarrillo, y así garantizar la prestación del servicio de salud, especialmente para los beneficiarios del régimen subsidiado.

Mediante una carta dirigida al jefe del Ministerio Público, el Presidente de la Federación de Departamentos (FND), Carlos Julio González, y a su Director Ejecutivo, Carlos Felipe Córdoba, solicitaron un acompañamiento por parte del organismo de control para que el nuevo Gobierno Nacional autorice hacer los ajustes requeridos respecto al decreto 2265 de 2010 que reglamentó la operación de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).

De este modo, y luego que los Ministerios de Hacienda y Protección Social se negaron a incluir en un decreto modificatorio alguna medida que permita a los departamentos invertir en beneficio de sus funciones los excedentes de rentas cedidas y que por ley les pertenecen, esta solicitud fue elevada ante el despacho del Procurador.

Así mismo, los directivos de la FND recordaron que al iniciar el año el Procurador General advirtió al Gobierno para hacer una revisión integral y asegurarse que el manejo de los recursos por la ADRES respondiera a los mandatos de la Constitución.

Por su parte, la misiva al Procurador hace una detallada síntesis de los esfuerzos hechos por los gobernadores para llegar a un consenso con el gobierno saliente sobre estos recursos. Además, señala que el 15 de enero se llegó un acuerdo inicial entre comisiones de los ministerios de Hacienda y Salud, así como de los departamentos sobre el contenido del nuevo decreto, aún así, no fue cumplido.

Cabe anotar que, uno de los puntos claves del acuerdo ratificaba que los mayores recaudos de las rentas cedidas a los departamentos, serían de sus propiedades, y que sus rendimientos se abonarían a los compromisos de cofinanciación del sistema de salud.

Por otro lado, la esencia del acuerdo inicial se fue desvirtuando en reuniones realizadas el 24 de enero, el 21 de febrero, el 30 de abril y el 3 de julio. Sin embargo, la discusión se centró finalmente en la posibilidad que el Gobierno Nacional y las entidades territoriales compartieran el recaudo nacional al impuesto al cigarrillo.

De persistir la situación, las entidades territoriales verán seriamente licitada su capacidad para enfrentar problemas tan urgentes como los que plantean los cobros, los servicios no POS, y la necesidad de prestar con efectividad el servicio de salud, el cual está consagrado como derecho fundamental, especialmente, a las comunidades más vulnerables que se benefician del régimen subsidiado.

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