Desactivan explosivos instalados en una escuela en Cauca

Desactivan explosivos instalados en una escuela en Cauca

8 de octubre del 2014

El Grupo Marte del Ejército Nacional desactivó los cuatro artefactos instalados en pleno parque infantil del corregimiento San Andrés de Pisimbalá, en jurisdicción de Inzá, Cauca. La Defensoría había advertido sobre las condiciones de vulnerabilidad para 2.250 habitantes de la región a través de un informe de riesgo emitido el 9 de febrero de este año.

Tras la desactivación de cuatro artefactos explosivos que habían sido enterrados a pocos metros de un colegio en el corregimiento San Andrés de Pisimbalá, en jurisdicción de Inzá, Cauca, la Defensoría del Pueblo reiteró una vez más su llamado a los grupos armados ilegales para que excluyan a la población civil de la confrontación y entiendan que negociar en medio de conflicto no significa desconocer el respeto por los derechos humanos.

El constante seguimiento y la labor humanitaria realizada por la Defensoría del Pueblo en conjunto con la Personería Municipal en la zona, permitió constatar el procedimiento de desactivación y control realizado por parte de una comisión de expertos de la Fuerza Pública.

Si bien, debido a la semana de receso escolar la presencia de estudiantes y profesores en la institución educativa disminuye, los explosivos representaban una amenaza tanto para los 80 niños que estudian en la escuela en mención, como al resto de los habitantes de esa región.

Para la Defensoría del Pueblo estos hechos, atribuidos al sexto frente de las FARC, constituyen una clara violación del Derecho Internacional Humanitario, puesto que es obligación de los actores armados excluir aquellos lugares protegidos por la legislación internacional y el DIH, como los colegios y escuelas, máxime cuando son ocupados por niños, niñas y adolescentes.

Cabe recordar que desde el 9 de Febrero de este año, mediante un informe de riesgo elaborado por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), el cual fue remitido al Gobernador del Cauca, con posteriores solicitudes puntuales a los Ministerios de Interior y Defensa, al Director de la Policía y a la Unidad de Víctimas, la Defensoría había advertido sobre las preocupantes condiciones de vulnerabilidad para 2.250 habitantes de Inzá por el asedio de la guerrilla.

El 26 de Marzo, el defensor Jorge Armando Otálora Gómez llamó la atención sobre los hostigamientos que ese día se presentaron en inmediaciones del casco urbano, e insistió en considerar el traslado de la estación de Policía, ubicada a pocos metros de otras dos instituciones en las que reciben clases al menos 550 alumnos de primaria y básica secundaria.

El 7 de Diciembre del año pasado, el municipio fue objeto de un atentado con cilindros bomba, lanzados desde una camioneta, los cuales provocaron la muerte de dos civiles, seis integrantes de la Fuerza Pública, 68 heridos y la destrucción del que hasta entonces era el comando municipal de la Policía.

*Con información de la Defensoría del Pueblo