La Procuraduría destituyó e inhabilitó por 18 años a Hugo Orlando Arévalo Pulido, actual alcalde de El Rosal (Cundinamarca) por el delito de concusión. Es decir, exigir impuestos, multas o prestaciones de manera arbitraria por un funcionario público en beneficio propio.
Además de Arévalo, los concejales Henry Bohórquez Fierro, Hernando Clavijo, Luz Adriana Sabogal Rodríguez, Jairo Hernán Pardo y Milton Mauricio Chacón, también fueron sancionados con destitución e inhabilidad por 12 años al "hallarlos responsables de exigir dinero para no modificar el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio", informó el ente.
El ministerio Público añadió que el alcalde "vulneró los principios y normas que rigen la conducta del servidor público al hacer uso de su cargo para obtener beneficios personales con acuerdos monetarios hechos con tres personas diferentes, para no cambiar el uso del suelo de varios predios donde sus propietarios pretendían adelantar proyectos de vivienda", informó la Procuraduría.
El ente explicó a KienyKe.com que en El Rosal hubo un cambio en el Esquema de Ordenamiento Territorial en la alcaldía anterior a Arévalo. Es decir, las zonas que anteriormente eran agrícolas o rurales se convirtieron en territorios de expansión urbanizables. Las personas que quisieran construir allí un proyecto lo podían hacer.
Algunos ciudadanos que viven en el sector querían beneficiarse del cambio. Sin embargo, en el momento de realizar sus nuevos proyectos llegó el nuevo alcalde en 2016. Arévalo y los cinco concejales les pedían todo tipo de dádivas a los ciudadanos con tal de dejarlos construir, si no lo hacían, los amenazaban con poner trabas a los proyectos.
Sumado a esto, los cinco concejales también pedían dinero para no ejercer ningún tipo de demanda contra el EOT que impusiera el alcalde. En total, la Procuraduría recogió 23 testimonios, pruebas documentales y una excursión que realizaron directamente al lugar.
El ministerio Público conoció que el alcalde pedía entre hectáreas, casas y montos que rondaban los 300 y 800 millones de pesos. Por parte de los concejales se conoció que pedían 1.200 millones y los repartían entre los cinco, es decir 240 millones para cada uno.
Cabe mencionar que contra la decisión de primera instancia los vinculados tienen el recurso de apelación, y ya aseguraron que lo van a hacer. Esta diligencia se realizará este martes en horas de la mañana.
Luego de este proceso el caso irá a segunda instancia y será la Sala Penal de la Procuraduría quien decida confirmar, modificar o revocar la medida que en un principio se tomó. Luego el fallo que se profiera puede ser objeto de impugnación.
El ente explicó a KienyKe.com que en El Rosal hubo un cambio en el Esquema de Ordenamiento Territorial en la alcaldía anterior a Arévalo. Es decir, las zonas que anteriormente eran agrícolas o rurales se convirtieron en territorios de expansión urbanizables. Las personas que quisieran construir allí un proyecto lo podían hacer.
Algunos ciudadanos que viven en el sector querían beneficiarse del cambio. Sin embargo, en el momento de realizar sus nuevos proyectos llegó el nuevo alcalde en 2016. Arévalo y los cinco concejales les pedían todo tipo de dádivas a los ciudadanos con tal de dejarlos construir, si no lo hacían, los amenazaban con poner trabas a los proyectos.
Sumado a esto, los cinco concejales también pedían dinero para no ejercer ningún tipo de demanda contra el EOT que impusiera el alcalde. En total, la Procuraduría recogió 23 testimonios, pruebas documentales y una excursión que realizaron directamente al lugar.
El ministerio Público conoció que el alcalde pedía entre hectáreas, casas y montos que rondaban los 300 y 800 millones de pesos. Por parte de los concejales se conoció que pedían 1.200 millones y los repartían entre los cinco, es decir 240 millones para cada uno.
Cabe mencionar que contra la decisión de primera instancia los vinculados tienen el recurso de apelación, y ya aseguraron que lo van a hacer. Esta diligencia se realizará este martes en horas de la mañana.
Luego de este proceso el caso irá a segunda instancia y será la Sala Penal de la Procuraduría quien decida confirmar, modificar o revocar la medida que en un principio se tomó. Luego el fallo que se profiera puede ser objeto de impugnación.
