Medida de aseguramiento contra alcalde de Dosquebradas

22 de septiembre del 2018

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que Fernando Muñoz Duque, alcalde de Dosquebradas, Risaralda, y diez funcionarios más fueron puestos a disposición de la Policía por presuntas irregularidades en contratos públicos entre la Alcaldía Municipal y organizaciones sin ánimo de lucro desde 2016. Las once personas implicadas en cartel de contratación recibieron medida […]

Medida de aseguramiento contra alcalde de Dosquebradas

Alcaldía Dosquebradas

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que Fernando Muñoz Duque, alcalde de Dosquebradas, Risaralda, y diez funcionarios más fueron puestos a disposición de la Policía por presuntas irregularidades en contratos públicos entre la Alcaldía Municipal y organizaciones sin ánimo de lucro desde 2016.

Las once personas implicadas en cartel de contratación recibieron medida de aseguramiento preventiva por parte de la jueza sexta penal de la ciudad de Pereira. La Fiscalía les imputó cargos por los delitos “de interés indebido en la celebración de contratos; contrato sin el cumplimento de los requisitos legales; falsedad en documento privado; uso de documento falso; falsedad ideológica en documento público; peculado por apropiación a favor de terceros, y concierto para delinquir agravado“, señala el comunicado.

Los funcionarios de la administración municipal que también irán a la cárcel son: Jonathan Barrientos, exsecretario de Planeación de Dosquebradas; Elkin Mauricio Arboleda, también miembro de la Secretaria de Planeación; Julian Carrizosa, secretario de Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental del municipio; el director operativo de Gestión Ambiental de Dosquebradas, Luis Fernando López y Carlos Marquez, director operativo de gobierno.

Además Julián Andres Valencia Arias, administrador de la Cooperativa Multiactiva de Recicladores del Eje Cafetero y Norte del Valle (Corecv); Rita Inés Velásquez, Juan Carlos Velásquez Cifuentes y Jenny Tatiana Castro Duque, representantes de la Fundación Visión y Asociación de Gestión y Cooperación para el Desarrollo. Sin embargo, a esta última le fue otorgada la detención domiciliaria por estar en avanzado estado de gestación.

Según la investigación que adelanta la fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, los implicados habrían favorecido los convenios que superarían los $1.000 millones. Asimismo, se permitió establecer que las organizaciones ‘Corecv’, ‘Fundación Visión’ y ‘Asociación de Gestión y Cooperación para el Desarrollo’, no contaban con la capacidad para obtener dichos contratos aunque igualmente les fueron adjudicados.

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