El grupo Panamá NG Power S.A. solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) panameña que declare en desacato y ordene el arresto de Roberto Meana, administrador de la Autoridad de Servicios Públicos (ASEP), por incumplir en reiteradas ocasiones las órdenes judiciales emitidas por el órgano jurídico respecto a querellas instauradas durante los últimos tres años.
La ASEP en Panamá es el ente regulador de los servicios públicos de electricidad, agua y alcantarillado, telecomunicaciones, radio y televisión. Además, adjudica los permisoso relacionados con actividades en dichos campos y apoya las ejecuciones que tienen impacto medioambiental en territorio panameño a través de la promoción de leyes afines al crecimiento de la industria tecnológica en el país.
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En la solicitud enviada al máximo ente jurídico, los representantes de NG Power manifiestan que es la tercera acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta y Meana ha inclumplido todas, incluida la última orden judicial presente la sentencia del 20 de diciembre de 2017 de la CSJ que ordenaba a la ASEP conceder un plazo de 150 días a la empresa para el cierre financiero (definir el presupuesto) de la planta de generación termoeléctrica ‘Telfers’, lo cual consideran es un claro desacato al órgano judicial.
Sin embargo, Meana desacató la sentencia y el pasado 11 de junio dio por finalizado el plazo para el cierre financiero del proyecto que fue adjudicado en 2014 a la empresa que hace parte de una sociedad chino-panameña. Por ello, los abogados expresaron en la solicitud que el accionar del directivo "no sólo constituye una afrenta a una decisión judicial en firme y ejecutoriada; sino que además causa serios y graves perjuicios a Panamá Power S.A., y una clara extralimitación de funciones".
La planta, que tuvo una inversión inicial de novecientos millones de dólares y debe estar terminada para mediados de 2020, generará energía mediante un ciclo combinado a gas natural, con una capacidad de 670 megavatios.
