Desde el 23 de mayo comenzó el desmonte del edificio Babilonia por parte de JOLA S.A.S, una empresa que se encarga de toda la operación de destrucción de la estruc
Desde el 23 de mayo comenzó el desmonte del edificio Babilonia por parte de JOLA S.A.S, una empresa que se encarga de toda la operación de destrucción de la estructura. La Alcaldía de Itagüí dijo que el procedimiento duraría a término de 30 días.
Sin embargo, la semana pasada la obra paró por un día, debido a que varios contratistas no estaban usando las herramientas adecuadas.
En la edificación vivían 36 familias, que sumaban un total de 80 personas. Todos tuvieron que abandonar la propiedad y quedaron a merced de un subsidio estatal de tres meses, sin mayor respuesta de la constructora.
Este proyecto urbanístico fue enviado a demoler desde el 6 noviembre de 2018, luego que la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo y Desastres determinara que la torre de apartamentos no cumplía con las normas técnicas, ni de sismo resistencia tras analizar los estudios de la constructora Ruiz Sánchez y Asociados S.A.S.
La otra grúa serviría de apoyo como canasta para depositar los trozos que fueran quedando del proceso, y desde la cual se descenderían las piezas al piso cero.
Estimaban,que cuando los pedazos llegaran hasta abajo de la estructura, unos obreros se encargarían de terminar de destrozarlos en partes más pequeñas y, el material que quedara se lo llevarían a unas volquetas. Este proceso tardaría por piso, dos días aproximadamente.
El segundo correspondió a la prestación del servicio "de apoyo a la gestión en las actividades propias del apoyo logístico necesario de los organismos de seguridad y cuerpos de socorro que atienden la vigilancia del desalojo del edificio babilonia", por un costo de 25 millones de pesos.
El tercero, el de mayor cuantía, corresponde al contrato SGM-243-2019 por valor de 200 millones de pesos. Básicamente, es el operado por JOLA S.A.S.
De acuerdo con Muñoz, la Alcaldía está interviniendo en esta situación porque la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD) declaró una calamidad pública en este edificio.
Como la administración municipal es miembro de esa entidad, debe velar por la integridad tanto de las personas que habitaban el edificio como de los vecinos del sector.
Esto lo soporta la Alcaldía de Itagüí, acatando a la ley 1801 del Código Nacional de Policía y Convivencia, en la que el Estado debe hacerse cargo de la organización y de la atención a la situación que haya generado el riesgo.
"En este acompañamiento se han invertido más de 2 mil millones de pesos desde el 28 de junio de 2018", puntualizó el secretario jurídico.
Por lo anterior, la administración municipal no le está haciendo un préstamo a la Constructura Ruiz Sánchez y Asociados S.A.S., sino que está siendo coherente con la ley.
"Sin embargo, (la Alcaldía) le pasa una cuenta de cobro a esa empresa y como esta se declara en quiebra, la Superintendencia de Industria y Comercio debe entrar a mediar en esta situación", agregó Muñoz.
Escuche las noticias más importantes del día:
La explicación inicial de la Alcaldía
Según un comunicado del Área de Comunicaciones de la administración municipal de Itagüí, el desmonte del edificio se iba a realizar de forma paulatina. Lea más: Evacúan vecinos de edificio que demolerán en Itagüí Este proceso iba estar soportado por dos grúas. Una de ellas se encargaría de sostener una plataforma desde la que se conectarían de 6 a 8 obreros y desde la que se transportarían los equipos electromecánicos encargados de realizar los cortes de la estructura.El secretario jurídico de la Alcaldía de Itagüí, Óscar Darío Muñoz Vásquez, mencionó que cuando la administración municipal se refería al tiempo de ejecución del desmonte, era nada menos que 30 días sol, es decir, que la operación se realizaría en condiciones donde no lloviera.