El alcalde local de la localidad de Tunjuelito, en Bogotá, Yeison Chipatecua Quevedo, fue destituido por irregularidades y sobrecostos en un contrato que firmó para la recreación de personas de la tercera edad.
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La Personería de Bogotá halló varias irregularidades en los contratos y tomó la decisión, en primera instancia, de destituir e inhabilitar al mandatario local por diez años.
Según el ente, Chipatecua Quevedo habría suscrito un contrato con la fundación, sin ánimo de lucro, Suprema Lex, por un valor de 370 millones de pesos, para la recreación y la realización de actividades físicas y recreativas de 760 adultos mayores en la localidad.
El programa planteaba la entrega de sudaderas a los beneficiarios del programa, una compra en la que la Personería halló un sobrecosto de 23%.
Según el ente de control, los costos de base que utilizó la Alcaldía de Tunjuelito para asignar el presupuesto de compra de los implementos, no coincidió con el que estableció el estudio realizado por profesionales del ministerio público distrital.
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"La averiguación evidenció que las cotizaciones utilizadas durante el proceso de contratación no correspondían al año del proceso de licitación del año 2016, sino eran del año 2015", señaló la Personería.
Con base en estos resultados de la investigación, el ente de control determinó que "con la firma del contrato se eludieron los principios de transparencia y economía de la contratación estatal", por lo que determinó la sanción de Chipatecua.
Así mismo, el Misterio Público Distrital le solicitó a la Procuraduría General de la Nación investigar la conducta y posible responsabilidad del contratista Jack Cristopher Reina Rodríguez, asesor del área de planeación de la alcaldía, quien participó en la estructuración y consolidación de la fase precontractual del proceso en mención.
Se utilizó la metodología denominada “Canasta de precios"
Chipatecua Rodríguez emitió un comunicado en el que aseguró que agotará "todas las instancias judiciales existentes con el fin de demostrar que actuó conforme a las normas de contratación".
"El contrato que es objeto de investigación cumplió lo establecido en la Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios y normas que la modifican", sostuvo el mandatario local de Tunjuelito.
"Para fijar los precios de los elementos a adquirir se utilizó la metodología denominada “Canasta de precios”, avalada por la Procuraduría General de la Nación y la agencia nacional de contratación pública, Colombia Compra Eficiente", agregó Chipatecua.
Además, agregó que la Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local había emitido un concepto sobre el mismo contrato, en el que estableció “…teniendo en cuenta los argumentos presentados por el FDLT sobre la inaplicabilidad del descuento de 30% que contemplaba una de las cotizaciones tomadas para establecer el precio promedio y lo contemplado en el Boletín No. 1 de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría de Bogotá, se retira la incidencia fiscal y la presunta incidencia disciplinaria que ello conllevaba…”.
