Cerca de 60 personas en condición de desplazamiento, mujeres, hombres, niños, adultos y abuelos, completaron 14 días de protesta en el puente de la calle 116 con carrera novena, un exclusivo sector al norte de Bogotá.
Estas personas, que han llegado en diferentes fechas y desde varios departamentos, indicaron que las razones para ocupar el puente obedecen a que sus reclamos por protección y justicia no han sido atendidos por instituciones como la Unidad de Víctimas, la cual está a cargo de Paula Gaviria.
Al respecto, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado recalca que la Ley de Víctimas es un mecanismo insuficiente y lento para atender las demandas concretas de las víctimas del conflicto armado y el desplazamiento forzado. Además dice que la atención de emergencia para la población desplazada se ha precarizado.
Los manifestantes de la 116 José (de Argelia, Cauca), Joaquín (San Antonio, Tolima) y Luis (Sierra Nevada de Santa Marta) aseguran que cuando grupos armados les destruyeron sus viviendas, hurtaron animales y cosechas y secuestraron o asesinaron miembros de su familia, se dirigieron a la inspección policial más cercana para denunciar los hechos. Sin embargo, aseguran, la respuesta no fue inmediata ni pertinente. Ellos también habían recibido amenazas de muerte y tuvieron que abandonar su región.
Ahora solo esperan que esta forma de protesta motive un gesto generoso del gobierno, frente la imposibilidad de tomar en arriendo un inmueble porque no tendrían los documentos necesarios ni dinero para pagarlo.
De acuerdo con Movimiento de Víctimas, la manifestación culminaría si el Estado las escucha y acoge. Asegura que es posible que los residentes de la zona pidan la intervención del Esmad. La organización dice que esta situación alerta al país de los más de 5.2 millones de desplazados internos por el conflicto armado.
