El problema de los gobernadores de San Andrés

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El problema de los gobernadores de San Andrés

9 de febrero del 2019

A la isla de San Andrés le tomó casi seis meses tener un gobierno estable después de que el gobernador electo Ronald Housni Jaller fuera destituido por supuesta corrupción y encarcelado, lo que dio paso a la designación de dos mandatarios encargados que no duraron mas de tres meses y salieron del cargo también señalados de corruptos. 

El tercero logró superar los tres meses, es el contralmirante de la Armada Nacional Francisco Herrera Leal y aun cuando permanece en el cargo enfrenta una demanda en el Consejo de Estado por una supuesta inhabilidad, que en caso de ser fallada en su  contra podría continuar la tradición: que los gobernadores encargados no logren mantenerse en el cargo.

El almirante Herrera fue designado por el presidente Iván Duque para permanecer en la gobernación hasta el 1 de enero de 2020, fecha en la que se posesionan los nuevos mandatarios. Sin embargo, el Consejo de Estado, una de las cortes que más rápido trabaja, podría modificar esa fecha con su fallo.

Cuando fue nombrado, Herrera Leal se desempeñaba como Comandante del Comando Específico de San Andrés y Providencia, Cesyp y su designación fue rechazada a través de manifestaciones por un grupo de raizales que consideraron que hay gente con más con más preparación y experiencia en la isla para asumir este cargo y argumentaron que se violó la ley 1993 en el artículo 14 que consagra que ningún individuo que no haya residido en la isla en los últimos 10 años puede ser gobernador.

La demanda

Según el demandante, el contralmirante Herrera es miembro activo de la Armada Nacional por lo que no puede intervenir en procesos electorales, ni ser parte de partidos políticos; así mismo, argumenta que el militar no puede ser designado gobernador por haber desempeñado cargos con autoridad militar en contravía a los impedimentos a los que se refiere el artículo 197 de la Constitución.

El demandante sostiene que “nadie puede desempeñar simultáneamente más de un empleo ni recibir más de una asignación proveniente del tesoro público”, amparado en el Artículo 128 de la carta política.

El gobernador interino afirma que cuando recibió el encargo fue apartado del ejercicio de las funciones que venía desempeñando en la Armada. Así mismo que en el artículo 83 de la ley 1790 del 2000 las comisiones entregadas a los militares pueden ser para entidades públicas distintas al Ministerio de Defensa y que su comisión fue realizada en debida forma por el Gobierno Nacional.

La Procuraduría, por su parte, argumentó que el contraalmirante no está inhabilitado pues quienes son encargados no son cobijados por las inhabilidades expuestas por el demandante.

Los otros gobernadores

La historia comienza con la captura de quien fue elegido para el periodo 2016-2019 como gobernador del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Ronald Housni Jaller; en la misma operación las autoridades capturaron a la exgobernadora del departamento, Aury Guerrero Bowie.

Los cargos que enfrentan las dos últimas cabezas del archipiélago según la Fiscalía los mandatarios habrían incurrido en irregularidades en la adjudicación de contratos por 120.000 millones de pesos a distintos constructores que tenían la misión de adelantar obras de colegios y parques en el departamento.

Según el ente acusador los constructores pagaron, supuestamente, 10% del valor de los contratos a los mandatarios locales para quedarse con la construcción de las obras.

Entre los contratos adjudicados está la construcción del Centro de Educación Media Diversificada (Cemed) Antonia Santos. El contrato fue suscrito el 23 de diciembre de 2014, “por un valor de cincuenta mil millones de pesos, y deberían entregarse las obras a la comunidad en diciembre de 2015; sin embargo, cuatro años después, las obras no alcanzan el 50% de su ejecución”, aseguró en su momento la Fiscalía.

El constructor, diseñador e interventor de la obra era Fernando Diez Cardona, quien ya venía siendo observado por las autoridades pues es acusado de participar en el desfalco de valorización de Armenia, Quindío. Por lo tanto, el entramado de corrupción no solo se circunscribió a las fronteras de la isla, los contratistas, presuntamente, bajo la misma modalidad suscribieron contratos por más 30.000 millones de pesos en el Eje Cafetero.

En Armenia, los señalados por la Fiscalía son la exalcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia Franco, y su esposo Francisco Valencia Salazar. Cuando declaró en la audiencia Fernando Diez Cardona sostuvo que fue el esposo de la exalcaldesa el que le habló de la adjudicación a cambio de entregar el valor correspondiente al 10 por ciento de los contratos de obra pública, al 10 por cierto de los contratos de interventoría y el 100 por ciento de los contratos interadministrativos.

Las designaciones

Luego de la destitución de Housni Jaller, en abril de 2018, fue designada Sandra Howard, entonces viceministra de turismo del gobierno Santos. Antes de cumplir tres meses en la gobernación, la Secretaría de Salud de San Andrés fue sancionada por la Procuraduría con una multa por $700 millones de pesos por las irregularidades en la isla, lo que dejó a la entonces designada fuera del cargo.

Un poco antes de que iniciara el mandato del presidente electo Iván Duque la cabeza de la gobernación la tomó el secretario de Gobierno de la isla Alain Manjarrés. Sin embargo, el 3 de octubre, la Fiscalía en un comunicado señaló que Manjarrés junto al exgobernador Jaller, presuntamente, habría desviado más de 2.000 millones de pesos a través de una fundación fantasma.

Debido a todos estos hechos el presidente de la República, Iván Duque, a través del decreto 1962 de 2018, nombró al militar en ejercicio, contralmirante Juan Francisco Herrera Leal. Antes de 30 días fue presentada la demanda contra su elección por el ciudadano Armín Josef Sattler.

La terna

Mientras la sección quinta del Consejo de Estado decide el asunto de Herrera Leal, el partido de La U y el Partido Liberal, por los cuales se presentó el investigado Housni, ya presentaron la terna al presidente de la República, Iván Duque.

Los candidatos son Tonney Gene Salazar, Gordon Bryan Pacheco y Wendell Graham Archibold Barrios, este último por el Partido de la U. La Presidencia hasta el momento no se ha pronunciado.

La Presidencia de la República ha tenido que enfrentar distintos encargos, el más complicado fue el de la Alcaldía de Cartagena, una ciudad que había enfrentado una larga interinidad que fue superada con la terna de la que resultó elegido el exrepresentante a la Cámara, Pedrito Pereira.

Pese a que la designación no estuvo exenta de críticas, el mandatario analizó con lupa las hojas de vida de los tres aspirantes y escogió a uno. Se espera que antes de las elecciones regionales del 27 de octubre el mandatario decida quién ocupa el cargo o que el contraalmirante Herrera dure hasta el 31 de diciembre de 2019 cuando los isleños ya habrán elegido nuevo gobernador.