El programa Somos Defensores publicó este martes su informe anual titulado ‘La naranja mecánica’ el cual da cuenta de los ataques que sufrieron los defensores de derechos humanos en Colombia en el 2018.
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El texto, desarrollado a través del Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (SIADDHH), estableció que el año pasado se presentaron las cifras más altas de agresiones contra estos individuos desde el 2009, año en el que el programa Somos Defensores comenzó a estudiar este flagelo.
Según el informe, durante el 2018 se registraron 805 agresiones individuales contra defensores de DDHH. Los hechos se vieron representados en amenazas, atentados, desapariciones, detenciones, judicializaciones, robos de información y homicidios.
“En esa medida -explica el texto- una de las situaciones más preocupantes es que los niveles de asesinatos se incrementaron de manera alarmante, pues en el 2017 registramos 106 asesinatos y en el 2018 subieron a 155, es decir, un incremento del 46,22%”.
En relación a estos números, el informe comprobó que, en lo corrido del año pasado, en promedio, fueron agredidos 2,2 defensores por día.
Los meses más aciagos fueron julio con 119 casos de agresiones, mayo con 112, agosto con 109 y junio con 77. Además, del total de las agresiones, el 29% fueron contra mujeres y el 71% restante contra hombres.
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El informe detalló que se contabilizaron 583 amenazas en el 2018, frente a las 302 del 2017. “Del total de las agresiones un 0,6% fueron desapariciones, de igual modo el 0,7% fueron detenciones, un 0,7% robos de información, 2,3% judicializaciones, 4,1% atentados, 19,3% asesinatos y un 72,4% fueron amenazas individuales”, apuntó el documento.
En este marco, el documento bautizado como ‘La naranja mecánica’, recalcó que las fallas en la implementación del acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Farc, además de “la ausencia de medidas integrales que intervengan los círculos de violencias” en todo el territorio nacional, desencadenaron un escalamiento del conflicto armado en Colombia.
En ese clima de incertidumbre y zozobra emergieron más grupos armados con diferentes intereses, pero, como aclara el texto, con una necesidad en común: la de adherir a su poder territorios y con ellos sus poblaciones.
“Frente a estos hechos es imposible no sentir lo que desde muchos sectores ya se expresa -dice Somos Defensores-, que hemos retrocedido en el tiempo en materia de seguridad y que el proceso de paz solo fue un corto oasis del que salimos abruptamente, sobre todo cuando ocurrió el cambio de Gobierno”.
Frente a la actual crisis y evidente violación de los DDHH en Colombia, el informe alega que el gobierno de Iván Duque “ha optado por tomar posiciones opuestas a su deber de ofrecer garantías y ha dejado en un segundo nivel la difícil situación que atraviesan los defensores y las defensoras, dedicándose, en su lugar, a poner otros temas en el centro, como el de la economía naranja”, de ahí que el documento mencionado lleve por nombre ‘La naranja mecánica’.
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La negación de la existencia del conflicto armado, el desconocimiento de la sistematicidad en la violencia contra defensores, el no reconocimiento de la existencia de muchos más grupos armados y la obstinación de la Fiscalía en asegurar que ha aumentado el esclarecimiento de los casos de asesinatos de defensores cuando no es cierto, parecen indicar que el presidente Duque “está gobernando de frente a la economía (a veces naranja) y de espaldas a la Paz”.
Entre tanto, el sistema de información del Programa Somos Defensores, afirmó que, de las 805 agresiones del pasado año, en orden de proporción, el 55,5% de los ataques fueron cometidos por estructuras paramilitares, 33,5% por desconocidos, 5% por disidencias de las Farc, 4,2% por la Fuerza Pública y el 1,8% por el ELN.
El análisis evidenció que en el 81% de los departamentos del país hubo homicidios contra estas personas. Las zonas del país que presentaron mayor número de asesinatos fueron: Cauca (28 casos), Antioquia (26), Norte de Santander (15), Putumayo (13), Valle del Cauca (10) y Caquetá (10).
En lo que tiene que ver con los tipos de liderazgos y los perfiles de las personas asesinadas, los directivos de las juntas de acción comunal son quienes encabezan el nefasto ranking con 63 homicidios, de estos, 57 ocurrieron en zona rural y seis en zona urbana.
Continúan en la lista las muertes de líderes indígenas y comunitarios con 24 asesinatos, respectivamente; los liderazgos campesinos también se vieron fuertemente golpeados el año pasado, pues se reconocieron 19 asesinatos contra ellos, cuatro casos más en comparación con el 2017.
Para terminar, el informe notó que, aunque en los últimos años se realizaron avances para intentar judicializar a los culpables de estos delitos, “desde la llegada del Fiscal (Néstor Humberto Martínez) se han frenado los cambios que podrían conducir a bajar los índices de impunidad. Desde un inicio ha desestimado la importancia de la situación, y ha optado por utilizar los medios de comunicación para enviar mensajes distorsionados que, al parecer, dan cuenta de un esclarecimiento histórico”.
