En menos de 30 años se tendrá que recuperar el Río Bogotá

Sáb, 29/03/2014 - 04:26
Un fallo del Consejo de Estado le acaba de ordenar a la Nación que en un plazo no mayor a 30 años se tendrán que ejecutar acciones efectivas para recuperar el Río Bogotá.

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Un fallo del Consejo de Estado le acaba de ordenar a la Nación que en un plazo no mayor a 30 años se tendrán que ejecutar acciones efectivas para recuperar el Río Bogotá. De acuerdo con el alto tribunal, en ese lapso se tendrán que construir obras para reducir la contaminación de las aguas del río de la capital de la República. La corporación judicial es contundente al señalar que para cuidar la fuente de agua ha brillado “la inexistencia de una política única en relación con la recuperación del río Bogotá, la poca integración interinstitucional, la fragilidad de la policía ambiental y el incumplimiento de la normativa ambiental”. En este fallo, el Consejo de Estado determina una ruta clara para salvar el río. Entre otras acciones, le pide al Ministerio del Medio Ambiente una participación más activa en el desarrollo de la conservación del río.  Pide la “creación provisional del Consejo Estratégico de Cuenca mediante proyecto de ley que deberá presentar el Ministerio del Medio Ambiente”. Así mismo le pide a ese ministerio" trascender las declaraciones de buena voluntad" y trabajar con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional, CAR, por el salvavidas del río, uno de los más contaminados del mundo. Dice el Consejo de Estado “en el caso del río Bogotá, la participación del Ministerio de Ambiente tiene que trascender las declaraciones de buena voluntad del Gobierno para constituirse en el principal apoyo de la Corporación Autónoma Regional (CAR), de la Secretaría Ambiental del Distrito Capital y de los entes territoriales relacionados de alguna forma con el río Bogotá”. El alto Tribunal indica que las acciones concretas y efectivas tiene un costo de  unos $6 billones. Finalmente pide que un plazo no mayor a seis meses “un estudio sobre la efectividad de impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes existentes para la protección del ambiente”.
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