La Corte Constitucional de Guatemala se enfrentó a una decisión proferida por el presidente de ese país, Jimmy Morales, quien pretendía finalizar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) un mecanismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El alto tribunal amparó al organismo internacional y busca, según el comunicado publicado por la entidad, "dejar en suspenso" la decisión que emitieron las autoridades que daba por terminado “de manera anticipada y unilateral” el Acuerdo entre la ONU y el gobierno del país centroamericano.
El documento además ordena que se le notifique a varios altos funcionarios del estado entre los que están el vicepresidente de la República , el Congreso de la República, y la ministra de Relaciones Exteriores. La notificación “obliga a los funcionarios al cumplimiento de lo decidido en el fallo”.
En total se han presentado nueve amparos ante la Corte Constitucionalidad por diferentes abogados. Entre los que iniciaron procesos están el abogado Alfonso Carrillo, de Acción Ciudadana, y el procurador de los Derechos Humanos, Marco Vinicio Mejía Dávila.
El máximo tribunal empezó a sesionar desde las 8 de la noche el pasado martes para tramitar los recursos interpuestos y este miércoles anunció que aprobó un amparo que suspende la decisión.
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“El fallo fue aprobado por la mayoría de quienes integran el Tribunal. La magistrada presidenta, Dina Josefina Ochoa Escribá, presentó voto razonado disidente”, detalla el comunicado.
El pasado martes la ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, Sandra Jovel, anunció el fin del acuerdo con las Naciones Unidas que dio paso a la creación de la CICIG, una comisión que trabaja con el Ministerio Público en la investigación de casos de corrupción.
A su turno el presidente de Guatemala sostuvo que la CICIG incurrió en violaciones contra los derechos humanos en su país y como prueba de ello presentó a una familia de origen ruso que afirmó fue afectada por la Comisión tras pasar por un proceso judicial injusto.
La canciller de Guatemala acusó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de "sacrificar" a la CICIG por proteger al comisionado de origen colombiano, Iván Velázquez, quien lidera la entidad y se convirtió en la piedra en el zapato para los funcionarios corruptos en la nación centroamericana.
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En 2018, el Gobierno ya había anunciado su decisión de no renovar el mandato de la Cicig, que expira en septiembre de 2019, y más tarde prohibió la entrada al país a su comisionado, Iván Velásquez, que había viajado momentáneamente a EEUU.
La comisión, creada en 2006 mediante un acuerdo del Gobierno guatemalteco y la ONU, ha investigado decenas de casos de corrupción en el país y en varias ocasiones intentó que se le quitaran los fueros al presidente Morales, a quien acusaba de financiamiento electoral ilícito.
En 2015, la CICIG asistió en el enjuiciamiento y renuncia del expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina (2012-2015), quien fue acusado de abusos contra los Derechos Humanos en el país.
Con información de Sputnik y Anadolu
