El Estado Colombiano estará dispuesto a reconocer su responsabilidad, en lo que le corresponda, respecto al holocausto de la toma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985, según informó a la prensa la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Adriana Guillén.
Según dijo, la defensa de la nación ha pensando en una “estrategia seria desde hace algunos meses con expertos multidisciplinarios, y revisando algunas pruebas y procesos penales, podríamos determinar qué responsabilidad reconocerá el Estado, según cada caso de las víctimas”.
Guillén agregó que oficializará esta decisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, al reconocer que hubo desapariciones forzadas y actuaciones irregulares por agentes del Estado durante la crisis de rehenes.
El cambio de discurso se verá el próximo 14 de noviembre, cuando se adelante la audiencia en Brasil por este caso, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
