Este 11 de abril Senado podría votar consulta anticorrupción

Según la senadora y candidata presidencial Claudia López, de la Alianza Verde, hay un acuerdo con la mesa directiva del Senado para que el próximo miércoles 11 de abril se discuta y se vote en plenaria la propuesta para realizar la consulta anticorrupción. López, quien además es la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, dejará su curul al culminar con este proyecto en el que ha trabajado por más de dos años. La senadora espera que se apruebe para que el próximo 27 de mayo durante las elecciones presidenciales, o un día antes, se lleve a cabo la votación. https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/980911219350626305 Esta iniciativa pretende entre otras cosas que los colombianos decidan reducir el salario de los congresistas, que actualmente es de más de $30 millones de pesos. Además, propone que un funcionario no pueda estar más de tres periodos en una corporación pública como Senado, Cámara o Asamblea Departamental. También tendrán que realizar obligatoriamente rendición de cuentas, no podrán contratar con el Estado y, en caso de comprobarse que participaron en un caso de corrupción, tendrán pena de cárcel. 

Estos son los objetivos de la consulta:

1. Máximo tres periodos la instancia como congresista o cualquier otro cargo en corporaciones públicas. 2. Obligar a cualquier electo por votación popular a que hagan pública su declaración de bienes, rentas, patrimonios, pago de impuestos y conflicto de intereses. [single-related post_id="852317"] 3. Obligar a los congresistas a que le rindan cuentas a la ciudadanía. Qué proponen, cómo votan, a dónde asisten, a qué van a los Ministerios. 4. Obligar al trámite del presupuesto público de Alcaldías, Gobernaciones y Gobierno Nacional. 5. Acabar la mermelada, que es sacar presupuesto por debajo de la mesa para favorecerse. 6. Sancionados por corrupción no tendrán ningún tipo de beneficio carcelario. Ir a La Picota con los demás ladrones. 7. Darle al Estado la facultad de que pueda cancelar unilateralmente los contratos con persona natural o jurídica que sean sancionados por corrupción.