El decreto firmado ayer por el presidente Iván Duque no solo le faculta a la Policía para incautar cualquier cantidad de droga en el país, sino que también establece una multa de más de $200.000 a quien le haya sido decomisada la sustancia.
Esta sanción cobijará a quienes consuman sustancias prohibidas en espacios públicos y a los que las porten serán deudores únicamente si son detenidos en posesión de la sustancia personal reconocida como no penalizable por las leyes vigentes: 20 gramos de marihuana y uno de cocaína.
La penalización económica ya estaba incluida en el Código de Policía. Los numerales 7 y 8 de este documento, mencionados en el decreto, establecen como “comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público” el consumo de sustancias psicoactivas o prohibidas en espacios públicos, mencionando directamente escenarios como parques, centros de salud y centros deportivos, al igual que el porte de sustancias prohibidas.
En el parágrafo 2 del mismo artículo estipula multas generales de tipo 2 más destrucción de bien a quienes incurran en estos actos; la multa tipo 2, en el artículo 180.
El decreto establece un proceso que inicia con la verificación de la infracción en la que se establece un proceso verbal, posteriormente está la fase de descargos en la que la autoridad escucha al presunto infractor y, posteriormente, el funcionario comienza el proceso de destrucción de la sustancia. Así mismo, reitera que en caso de que alguien sea detenido con más de la dosis personal será judicializado.
Desde que se conoció el decreto se ha presentado un debate nacional en torno a la efectividad de esta estrategia para reducir la producción y consumo de sustancias psicoactivas en el país.
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