Fiscal Martínez persiste en críticas a decreto sobre bienes de las Farc

Fiscal Martínez persiste en críticas a decreto sobre bienes de las Farc

6 de junio del 2017

El fiscal General Néstor Humberto Martínez le salió al paso a las declaraciones que en la mañana hizo el alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, quien había reconocido en radio “que es una chambonada, pero, por otro lado, hay suficientes salvaguardas para asegurar que eso no va a pasar”, respecto al Decreto 903 dictado por el Presidente de la República respecto al manejo que se les dará a los bienes de las Farc.

Después de que  Jaramillo reconociera las falencias, el fiscal Martínez Neira, aseveró que es sincero el Comisionado al reconocer las imperfecciones, “y cuando se cometen chambonadas hay que entrar a arreglarlas”. Para el Fiscal General este documento le permitirá a los guerrilleros el manejo de los bienes que han sido incautados por las autoridades judiciales.

El punto que se encuentra en el Acuerdo Final de Paz donde se habla de la reincorporación económica y social de la guerrilla en desmovilización, el denominado “Centro de pensamiento de las Farc” o reincorporación política. Jaramillo detalló que existen “unas ambigüedades desafortunadas”, y explicó que por ellas fue que el Fiscal General hizo advertencias aunque afirmó que “no son ciertas”.

Para el fiscal,  en declaraciones dadas a los medios el pasado domingo, el Decreto implicaría que una parte de los activos serviría para financiar los programas sociales de ese grupo. “Esto implicaría, si se lee así crudamente como dice el Decreto, que con parte de estos activos se va a financiar la actividad política de las FARC cuando precisamente lo que ha sostenido la Fiscalía es que no es posible que con los activos de las FARC se vaya a ejercer la democracia”.

Por otro lado, el Comisionado Jaramillo afirmó que lo que si ha salido bien es que “todos los milicianos van a entrar ahora, en unos diez días, a las zonas de concentración para el mismo proceso de acreditación de su tránsito a la legalidad”. De esos 10 mil milicianos, unos 2800 ya iniciaron este proceso.