Fiscales iberoamericanos respaldan a su colega venezolana

Foto: @lortegadiaz / Exfiscal venezolana

Fiscales iberoamericanos respaldan a su colega venezolana

13 de junio del 2017

Agrupados en la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), procuradores y fiscales Generales, representantes de los Ministerios Públicos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, Panamá, Paraguay, Portugal y Uruguay; manifiestaron su “profunda preocupación” por las declaraciones expresadas en contra de la labor del Ministerio Público de Venezuela, representado por la fiscal general Luisa Ortega Díaz.

En un documento compartido por Ortega Díaz a través de su cuenta en Twitter, los fiscales ratificaron el “rol que deben cumplir los Ministerios Públicos para garantizar el Estado de Derecho, especialmente en momentos de convulsión social que ameritan la actuación de sus instituciones de justicia de forma oportuna, independiente y transparente para esclarecer todos los hechos que vulneren o pongan en riesgo bienes jurídicos superiores, como son la vida e integridad personal”.

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En ese sentido, “rechazamos de esta forma cualquier pretensión de llevar adelante reformas legales, que impidan de cualquier modo al Ministerio Público ser autónomo e independiente, y que por ende busquen afectar las investigaciones en curso”.

“Repudiamos los actos de hostigamiento, presión, injerencia, amenaza de poderes, públicos o privados, así como cualquier pretensión de remoción ilegal o arbitraria contra la Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela”

Asimismo señalaron que resulta imprescindible mantener irrestrictamente la titularidad del ejercicio de la acción penal en los Ministerios Públicos, como núcleo del sistema penal acusatorio adoptado tanto en Venezuela como en la mayor parte de los países iberoamericanos, cuyo modelo fortalece la vigencia del Estado de Derecho y el debido proceso.

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Los Fiscales también aseguraron que es fundamental que se resguarde el rol constitucional del Ministerio Público venezolano y de todos los Ministerios Públicos en la administración de justicia, “especialmente en relación a la salvaguarda de los derechos y garantías del debido proceso, así como su independencia y autonomía”.

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