Gustavo Villegas fue enviado a la cárcel de Yarumito

7 de julio del 2017

El juez segundo penal de Medellín acogió la solicitud de medida preventiva intramural de la Fiscalía y la Procuraduría.

Gustavo Villegas fue enviado a la cárcel de Yarumito

Foto: Alcaldía de Medellín

Como lo había pedido la Fiscalía y la Procuraduría, Gustavo Villegas, exsecretario de Seguridad de Medellín, y Mariano Zea, asesor de la dependencia, fueron enviados a la cárcel por el delito de concierto para delinquir agravado.

El juez tomó la decisión al considerar que el funcionario no combatió a ‘La Oficina’, sino que promovió sus actividades delictivas.

Villegas, capturado el pasado 4 de julio, deberá esperar su juicio en la cárcel de Yarumito y Zea en Bellavista. Al exsecretario se le envió a este centro de reclusión porque su defensa aseguró que si el juez decretaba la medida preventiva intramural, Villegas no sobreviviría tres días.

Al parecer, el mismo delincuente con el que, según la Fiscalía, habría tenido acercamientos, lo amenazó. Julio Perdomo, alias “el Viejo” le habría manifestado que “tendría que amarrarse las güevas con él”.

Acusaciones de la Fiscalía

Según el fiscal 64, encargado de hacer la imputación, la Fiscalía tiene fotos, interceptaciones y testimonios que prueban una presunta promoción de la organización criminal de “la Oficina” por parte de Villegas Restrepo y Zea.

Se dio a conocer que el exfuncionario era identificado con el alias de ‘El Ingeniero’ y fue señalado de utilizar su cargo y los recursos de la Secretaria de Seguridad para realizar reuniones para impulsar la conversión en gestores de paz de miembros de la organización delincuencial.

Zea estaría involucrado en los hechos, al actuar como enlace entre Julio Perdomo, alias ‘El Viejo, y otros cabecillas de esta estructura criminal.

De acuerdo con el fiscal, Villegas usó bienes de la Administración Municipal para estimular el sometimiento de cabecillas de esta organización sin contar con autorización del Gobierno Nacional. El funcionario tampoco se apoyó en un marco legal para establecer estos diálogos con personas al margen de la ley.

Entre las revelaciones de las jornadas de imputación de cargos, la Fiscalía aseguró que gracias a estas gestiones con la estructura criminal se dio la captura de los fleteros que fueron conocidos por todo el país gracias a un video que se hizo viral en redes sociales.

Según el ente acusador, los ladrones habrían sido entregados por órdenes de cabecillas como alias “Pichi”, con la intermediación de “Julio Perdomo”.

De acuerdo con la información que recoge El Colombiano: “En una de las pruebas de la Fiscalía, Villegas presuntamente dice ‘ayúdeme con los fleteros, que le bajen a eso, porque ayuda mucho para lo que sigue’. Según la Fiscalía, el entonces secretario de Seguridad les habría advertido a los cabecillas de “La Oficina” que si no entregaban a los fleteros, habría operativos de las autoridades en el barrio Manrique. Al sitio de la entrega llegó el alcalde, Federico Gutiérrez, luego de que Villegas le dijera por teléfono: ‘no se preocupe, ya los tengo'”.

Pese a las evidencias presentadas, ninguno de los procesados aceptó los cargos.

¿Estaría detrás de un proyecto de paz?

En medio de las jornadas de imputación de cargos también se conocieron detalles de un posible proyecto de paz que estarían adelantando Villegas con apoyo de Zea para acabar con el conflicto con las bandas criminales en la ciudad.

Ese fue el argumento de la defensa de Zea. Su abogada explicó que los encuentros entre Villegas y cabecillas como alias ‘Julio Perdomo’ se relacionarían con una iniciativa inspirada en los acuerdos a los que llegó el Gobierno Nacional con las Farc en La Habana y buscarían el acogimiento a la Justicia de los cabecillas no solo de ‘La Oficina’ sino del ‘Clan del Golfo’.

De acuerdo con información publicada por El Colombiano, el proyecto contemplaría penas alternativas de privación de la libertad, que irían desde dos hasta un máximo de 12 años, la última de las cuales corresponde a los delitos de lesa humanidad.

Y requeriría, además, que el Ministerio de Defensa, a través de una directiva, divida a las Bacrim y reconozca que unas tienen fines políticos para que los grupos armados organizados puedan ingresar a la Justicia Especial para la Paz.

El documento habría sido redactado por los abogados Diego Gaviria (hermano de José Obdulio Gaviria) y Juan Alejandro Gaviría (su sobrino), quienes renunciaron a la defensa de Zea cuando conocieron que la investigación de la Fiscalía se relacionaba con las gestiones adelantadas para llevar a cabo este proyecto.

Luis Fernando Quijano, experto e investigador en tema de conflicto urbano y director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social y Análisis Urbano, le expresó a kienyke.com su opinión frente a la posibilidad de adelantar una especie de proceso de paz con ‘La Oficina’ y el ‘Clan del Golfo’.

Es una alternativa viable

Para Quijano, la intervención de funcionarios públicos para buscar sometimientos a la justicia por parte de los cabecillas de las bandas no es nuevo y mucho menos malo para una ciudad como Medellín, en donde hay situaciones críticas en zonas como el corregimiento de Altavista.

Sin embargo, lo que se debe analizar es qué tipo de sometimiento se estaba gestionando: si se trataba de uno real de las estructuras como ‘La Terraza’, ‘San Pablo’, ‘Los Pesebrero’ y reductos de las ‘Autodefensas Gaitanistas’ que operan en el Valle de Aburrá.

“Importante el diálogo, la negociación, el sometimiento a la justicia, pero siempre y cuando terminen en la liberación de los barrios, en la entrega de los territorios al Estado Social de Derecho, a la institucionalidad. Si no sucede así, si no se salen de la vida social y política de Medellín, no serviría”, expresó.

El experto afirmó que “los diálogos urbanos secretos se dan desde hace años y la institucionalidad sabe de su existencia”, solo que la mayoría de las veces no los acepta.

“En la ciudad hay unas personas convencidas de que la paz urbana es un aporte a la paz rural que viene en camino con el proceso con las Farc y el que está en estado incipiente con el ELN. Pero hay una línea delgada, porque se mueven intereses particulares. Habría que preguntarse a quién no le interesa el sometimiento de los criminales”, dijo.

Y planteó que es necesario, a partir de este debate, abrir uno serio sobre cómo empujar los diálogos urbanos, la negociación y el sometimiento del crimen en la ciudad: “Sin vergüeza, sin miedo, invitando a Estados Unidos para que acompañe el desmantelamiento real de ‘La Oficina’ y de los verdaderos jefes del negocio criminal”.

¿Cómo sería posible un proyecto de paz?

Lo primero que afirma Quijano es que se debe tener en cuenta que en la historia de Medellín han habido dos propuestas de paz de ‘La Oficina’.

Una de ellas es de diálogo, negociación y sometimiento a la justicia y hay otra, de la dirección colegiada de grupos armados del Valle de Aburrá, que plantea que se les dé reconocimiento político para su rendición. Para Quijano, la segunda opción, “no debe ser una alternativa”.

La Justicia Especial para la Paz, dijo Quijano, abre las puertas para llegar a una negociación, por eso, expresó, “es que el Estado es el llamado a tomar las riendas de un posible proceso y de buscar el sometimiento completo de las estructuras criminales, conformadas, según sus cálculos, por unos 13.000 miembros solo en el ala militar”.

Sin embargo, para el analista, el principal obstáculo para lograr que una propuesta de paz con estos actores prospere es que hay otras prioridades y se mantiene el interés de no disminuir el presupuesto de la guerra en el país. “Por eso se puso los ojos sobre las Autodefensas Gaitanistas como el mayor enemigo de la seguridad en Colombia”, manifestó.

Para llegar a unos diálogos urbanos efectivos, comentó Quijano, “se tienen que regular el tráfico de droga, acabar las casas de tortura, la vacuna, eliminar el pagadiario, soltar la participación en el presupuesto público, en la política, romper las relaciones en el sector de la institucionalidad que pagan y entregar los nombres de quiénes son la nómina paralela del Estado”.

Además, dijo que es necesario dividir la negociación con el crimen urbano representado en ‘La Oficina’. Hay que hacer un diálogo con los jefes gatilleros para su sometimiento colectivo y otra con las jefes, la junta directiva y los patrones de patrones de la organización, “con el poder real”.

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