Gobierno propone modelo de jurisdicción agraria

25 de julio del 2018

Se tienen en cuenta cinco puntos.

Gobierno propone modelo de jurisdicción agraria

Con el fin de establecer mecanismos para la resolución de controversias rurales, el pasado 20 de julio, el Gobierno radicó un proyecto de ley que pretende modificar la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia).

Esta propuesta está compuesta por 89 artículos y extiende el principio de gratuidad a los procedimientos de carácter agrario, propone la creación e implementación de dicha especialidad dentro de la jurisdicción ordinaria y de lo contencioso administrativo.

Desde el Ministerio de Justicia, los objetivos de esta propuesta han sido resumidos de la siguiente manera:

  • Define las reglas jurisdiccionales del proceso agrario y rural.
  • Brinda autonomía a la especialidad agraria y rural frente a la civil, laboral y contencioso administrativa.
  • Introduce un nuevo tipo de proceso declarativo que resuelve las controversias cuando el objeto de litigio se encuentra ubicado en suelo rural.
  • Permite ratificar las decisiones tomadas en sede administrativa sobre los bienes ubicados en zonas rurales.
  • Constituye un fuero de atracción en asuntos de naturaleza agraria o rural.

Se contempla la creación de salas agrarias y rurales en los tribunales superiores de distrito judicial y en los tribunales administrativos, junto con un órgano de cierre en cada ente de autoridad, que serían la Sala de Casación Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia y la Sección Sexta del Consejo de Estado.

Habrá tres medios de control especializados:

  • Acción agraria.
  • Acción de nulidad agraria y restablecimiento del derecho.
  • Acción de nulidad para la resolución de controversias respecto de los actos de adjudicación.

Finalmente, se pide otorgar al Presidente de la República facultades extraordinarias para expedir decretos leyes relacionados con la reglamentación del tema en casos de pueblos y comunidades indígenas, ROM, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

La especialidad entraría a funcionar en un término no superior a los 30 meses siguientes a la promulgación de ley, si el nuevo Gobierno de Iván Duque le da impulso en el Legislativo.

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