La muerte de una niña de ocho años que fue secuestrada, torturada, violada y asesinada en el estado septentrional de Jammu y Cachemira, fue el detonante de diversas manifestaciones de personas en India, para exigirle al gobierno una reforma sobre la pena y castigo a los violadores de niños.
El gabiente del Gobierno indio dejó una pena mínima para el delito de violación, que pasa de 7 a 10 años, mínimo que se eleva a 20 años para las violaciones de menores de 16 años.
También establece que en caso de violación en grupo a menores de 16 años, la pena aplicable será la cadena perpetua para todos los participantes en el delito. La pena puede llegar a ser de muerte para el caso de violaciones en grupo a menores de 12 años.
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De este caso que sucedió en enero de 2018 hasta se conocen más detalles, entre ellos la violencia religiosa, debido a que la menor de edad era musulmana. Hasta el momento ocho personas, incluidas cuatro miembros de los cuerpos de seguridad, han sido detenidas y están siendo procesadas en el marco del juicio por este caso, que comenzó el pasado lunes.
La reforma de pena a violadores ha dividido al país asiático. Sectores de la política han asegurado que antes de existir la pena de muerte se debe asegurar que se cumpla la legislación, además de tener más protección a los niños sin importar su religión.
Al mismo tiempo que la ministra para la Mujer y la Infancia, Maneka Gandhi, ya había hecho público esta petición para así bajar los indices de violencia contra niños y mujeres.
Según cifras del Gobierno hay más de 100.000 causas por violación pendientes de resolución en la Justicia de este país de más de 1.200 millones de habitantes.
La India quiere bajar estos índices pero es un reto si no hay una aplicación real de las leyes y con ello, en los próximos días los casos que superen las condiciones establecidas en la reforma.
